Luego de desarrollar la audiencia preliminar, el Juzgado 4° de Instrucción decidió enviar a juicio a los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, quienes fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta supuestamente cometidos en el periodo que ambos fungieron como funcionarios de esa institución.

Rauda fungió como director desde el ocho de febrero del año 2012 al 30 de mayo del 2013; mientras que Hernández, desde junio del año 2013 hasta junio del año  2017.

Ante esto, ambos pasaran a manos de uno de los Tribunales de Sentencia de San Salvador, en donde se determinará la culpabilidad o no de lo que se les imputa. 

Los exdirectores son procesados por haber cometido los delitos en perjuicio de la administración pública y de dos víctimas, quienes se encuentran bajo régimen de protección  con clave “Kiler” y “Ruso”, además de la población reclusa de los diversos centros penitenciarios.

Ambos exfuncionarios continuarán siendo procesados bajo las medidas sustitutivas con las que cuentan, es decir bajo libertad condicional.

Con respecto al delito de actos arbitrarios, la Fiscalía acusa a Rauda y a Hernández de rebasar  sus facultades valiéndose  de su cargo y autoridad, cada uno en sus respectivas gestiones, para dar órdenes al coordinador de la tienda institucional de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para distribuir fondos proveniente de las  tiendas penitenciarias para fines totalmente distintos a los que establece el artículo 152 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria, que busca mejorar el sistema penitenciario del país.

El ministerio público les atribuyen que utilizaron en concepto del rubro de inteligencia $200,193 entre los años 2012 y 2014  para pagos que no estaban comprendidos en la ley penitenciaria, que establece que los fondos provenientes de las 21  tiendas institucionales van a ser destinados al beneficio de la población reclusa no para personas particulares.