Luego de que estuviera a punto de perder su vivienda en la residencial Joya de Las Piletas, ubicada en la carretera al puerto de La Libertad, y de ser una persona que no estaba calificada para tener créditos bancarios, el exfiscal general de la República, Luis Martínez, encontró la solución a sus problemas financieros tras convertirse en el titular de esa institución y enriquecerse de manera ilícita.

El exfuncionario, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo diversos beneficios -por parte de empresarios e incluso del expresidente Mauricio Funes- cuando ejerció como tal en el periodo 2012 -2015.

Martínez logró evitar tener que empacar sus pertenencias y buscar un nuevo sitio en donde alojarse junto a su familia, luego de que Aldo Parducci, quien fungió como secretario privado de la Presidencia de Francisco Flores (1999-2004), le entregara $220,000 para pagar la hipoteca de su casa. Por ello, el exfuncionario continuó viviendo en la residencial privada que ya se encontraba con orden de embargo, informó el ente fiscal.

Según la investigación, con ese dinero, Martínez logró recuperar su casa, pero luego Parducci se vio beneficiado de un negocio con la Fiscalía cuando arrendó en 2012 una propiedad en San Juan Opico para que se instalara el archivo definitivo de la FGR, pero con un precio superior al canon de la zona. Desde esa fecha hasta 2016, la institución pagó $711,900 por el arrendamiento de ese local que en realidad hubiese costado mucho menos. 

Martínez, por su parte, no solo se quedó con la casa, sino que además este y su esposa, Carla Francesca García de Martínez, invirtieron $168,000 para remodelarla. Pero el dinero no era fruto de su bolsillo, sino del ministerio público, según lo reveló la investigación fiscal.

La actual gestión ejecutada por Douglas Meléndez indicó -tras las investigaciones hechas bajo la operación denominada “Corruptela”- se logró determinar que con la dirección de Martínez se modificó el organigrama institucional de la FGR y se crearon reglamentos que permitieron sustraer de las cuentas especiales de la institución $677,356.34.

Martínez pagó con fondos de la Fiscalía viáticos, reparaciones de vehículos personales, pago de tarjetas de crédito, pago se servicios básicos como telefonía, entre otros gastos personales de él y de exempleados de esa institución.

Los lujos del exfiscal Martínez no solo se limitaban a zapatos y vestimenta de marca ni carteras costosas para su esposa Carla, sino que también incluían costosos vehículos. Tres de ellos fueron “un obsequio” hecho por el exmandatario Funes, quien también tiene girada una orden de captura, misma que no se hace efectiva debido a que actualmente se le ha otorgado asilo político en Nicaragua, pues argumenta ser un perseguido político. 

Según la FGR, Funes le entregó tres vehículos de lujo a Martínez: dos camionetas BMW y un carro Mercedes Benz convertible. Además le dio dinero en efectivo por montos de entre $10,000 y $20,000, a cambio de no investigarlo.

Los 92 viajes patrocinados por Hugo Blanco y Enrique Rais

A cambio de favores, Martínez también logró conocer otros países con vuelos en aviones privados. En total fueron 92 los viajes costeados por el empresario salvadoreño –dueño de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES)- Enrique Rais, junto a su sobrino, Hugo Blanco Rais.

El fiscal Meléndez explicó que en su mayoría los vuelos de Martínez llegaban a Estados Unidos, pero se determinó que también puso pie en Barbados, Trinidad y Tobago, Las Bahamas, México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras, entre otras naciones.

De acuerdo con uno de los testigos criteriados, mismos que ayudarán a fortalecer las investigaciones de la operación “Corruptela”, el exfuncionario también realizó un viaje a Roma, junto a otras personas, pero como no era un viaje justificado le solicitaron que devolviera cierta cantidad de fondos fiscales.

Para poder entregar ese dinero, la FGR realizó –según el fiscal Meléndez- una consultoría falsa y con ello obtuvo los fondos solicitados.

Una práctica que se hizo recurrente en la administración de Martínez, pues se creó una red sofisticada de profesionales que eran contratados por la Fiscalía para simular consultorías. Del dinero, por servicios no prestados, Martínez y sus colaboradores se quedaban con el 80% y los profesionales que aparentaban los servicios se quedaban con el restante 20%, informó la FGR.

La gestión realizada por Martínez realizó al menos 31 consultorías ficticias y de acuerdo a las investigaciones se sustrajeron fondos de cuentas especiales de la institución por un monto de $735,896.14 para cancelarlas.  

De acuerdo a la información brindada por el fiscal Meléndez, en total son 12 los consultores acusados en el caso conocido como Rais-Martínez, entre ellos el periodista y director del periódico digital producido en El Salvador Diario Latino.

Además, se encuentran Miguel Gustavo Rivera Oliva, Mario José Guardado Valentín, José Ángel Gómez Guillén, Sandra Lissette García Fernández, Benedicto Guevara, Francisco Salinas Montenegro, César Augusto García Herrera,  Wilson Alexander Nieto Alvarado,Carla Ivette Escamilla, Pastor Glodobaldo Alvarado Pérez y María Soledad Menjívar González.

Los 12 imputados se hicieron pasar como consultores y cobraron grandes cantidades de dinero, cifras que van desde los $2 mil hasta $64,300. El exgerente general de la FGR, Mauricio Antonio Yanes Morales, pagó $257,150 en concepto de las consultorías falsas. El exgerente de Recursos Humanos, José Dolores Zelaya Mendoza, canceló $84,315.

La detención

A Luis Martínez se le intimó, este martes 10, delitos más que incluye lavado de dinero. El exfuncionario fue detenido la primera vez el 22 de agosto de 2016, pero después de la audiencia inicial ejecutada en el Juzgado 7° de Paz, la jueza Evelin del Carmen Jiménez le otorgó medidas sustitutivas, por lo que fue liberado en septiembre.

La Cámara Primero de lo Penal revocó la libertad condicional de la que gozaba el exfiscal, por lo que fue detenido por segunda ocasión en enero de 2017, tras ser acusado por los  delitos de fraude procesal y omisión de la investigación.