Hasta antes de entrar a la sala de audiencia en la que fue condenado por delitos sexuales en perjuicio de tres mujeres policías, el inspector Antonio Cruz Preza Sánchez alegaba ser inocente, sin embargo sus abogados le recomendaron confesar los hechos para evitar una pena de más de 10 años de prisión.

“Acepto mi mal comportamiento y acepto los hechos que se han dicho”, esta fueron las palabras del inspector de la Policía Nacional Civil (PNC) y que le valieron la suspensión condicional de la pena por haber abusado de su cargo en una subdelegación de Tonacatepeque.

Pese a tener todas las de ganar, la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) aceptó el acuerdo ofrecido por los abogados defensores y que fue avalado por el juez quien dio una paupérrima sentencia en este caso.

Previo a su confesión, Preza dijo que tenía “una hermosa familia, con tres hijos y una esposa”. Algo que la jueza no dejó pasar para hacerle la observación de que debía de respetar a las mujeres y que dichas acciones fueron por “valerse de su cargo y posición para ejercer violencia”.

Con un tono nervioso, pausado y que incluso daba la sensación de estar siendo obligado, Preza fue contestando las preguntas de los representantes del ministerio público, que demostraron su responsabilidad en los hechos.

El abuso de poder

Según el expediente judicial, las agentes R. Ramos, S. Cortez y V. Campos sufrieron durante mucho tiempo todo tipo de maltratos del jefe policial quien llegó a agredir sexualmente a una de ellas, queriendo demostrar quién era el que mandaban en el lugar.

Los hechos sucedieron en varias fechas, pero Ramos, de 30 años de edad, aseguró que jamás se le olvidará la mañana del 22 de mayo del 2013, cuando el imputado la llamó con la excusa de un trámite de la oficina que terminó con un momento incómodo para la mujer que apenas tenía un año de servicio.

“Él cerró la puerta y me abrazó fuertemente. Me mordió una de mis orejas y frente a esa agresión le di una bofetada, pero él me siguió apretando y me tocó mis partes íntimas”, dijo Rosa en la sala de audiencias.

La reacción de la mujer no fue más que un estímulo para el sujeto quien tomó las manos de su víctima y las llevó hasta su órgano reproductor para comenzarle a decir una serie de obscenidades que terminaron con un “me gustas”.

Al salir de la oficina su víctima, el agente cayó en cuenta sobre lo ocurrido y para tratar de calmar los ánimos de la ofendida la siguió y le dijo que debía tomarse el día siguiente libre, algo que puede ser interpretado como un método compensatorio a su agresión.

Fuentes judiciales explicaron que el inspector omitió información en su declaración, ya que aseguró que le había tocado la pierna y no las partes íntimas como declaró Ramos.

Proceso judicial duró cinco años

Al conocer que Ramos inició un proceso judicial en contra de Preza, las agentes Cortez y Campos se sumaron a la denuncia señalando que este las acosaba y agredía asegurando que eran pasmadas y que no servían para el trabajo.

La denuncia llevó al oficial a estar detenido, pero luego de la audiencia inicial se ordenó la libertad bajo medidas del agente quien fue absuelto por el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador debido a que no se contaban con las pruebas suficientes.

Los fiscales apelaron ante la Cámara Cuarto de lo Penal de Santa Tecla quien, tiempo después, ordenó realizar un nuevo juicio que se vio entrampado por una serie de apelaciones en diferentes instancias de ambas partes.

 Fue hasta el pasado jueves que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador aceptó el procedimiento abreviado ofrecido por los abogados defensores quienes tuvieron que convencer al imputado que no tenía otra opción.

La jueza de dicha instancia le ordenó al inspector pagar $1,400, que será dividido entre las tres víctimas a quienes no se les tendrá que acercar y recibir un tratamiento psicólogo por su conducta sexual.

El Salvador Times intentó conocer la versión del imputado, pero ante las preguntas aseguró que "no tengo nada que decir". Sus abogados, en cambio, manifestaron que ya no trabaja para la PNC y que este proceso le ha generado enfermedades a su cliente.