El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a 50 años de prisión al expolicía prófugo Juan Josué Castillo Arévalo, con el indicativo "Samurái", por el feminicidio agravado de la agente policial Carla Ayala, ocurrido en el mes de diciembre de 2017. 

Castillo Arévalo, entonces miembro del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), es el principal sospechoso de asesinar a la agente Ayala, quien fue desaparecida el 28 de diciembre de 2017 y cuyos restos fueron encontrados el 7 de septiembre de 2018 en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos, del distrito de San Francisco Javier, departamento de Usulután.

Castillo Arévalo, apuntó la Fiscalía General de la República (FGR), también ha sido condenado a 60 años de cárcel por dos homicidios agravados que cometió cuando formaba parte de un grupo dedicado al sicariato entre el 2016 y 2017, en Usulután y San Miguel.

Por este crimen, en marzo de este año, el exagente también fue condenado a 60 años de cárcel por dos homicidios agravados cometidos cuando integraba un grupo de exterminio que operaba en los departamentos de Usulután y San Miguel entre los años 2016 y 2017. Estos asesinatos se cometieron en junio y agosto del 2016 en los cantones Los Chorros y El Tablón, ambos de San Francisco Javier, aseguró la FGR.

Por este caso también se juzgó a los expolicías Wilfredo Deras Hernández, Ovidio Antonio Pacheco, Pablo Antonio Estrada Villalobos, quienes recibieron una condena de ocho años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes, y al expolicía Alex Obdulio López Martínez, quien por el mismo delito fue condenado a siete años.

Asimismo, el juzgado declaró responsable civilmente a la Policía Nacional Civil, que deberá pagar a la familia de Carla Ayala $50,000, además de ofrecer disculpas públicas por la negligencia de la institución el día del crimen de la agente, en relación a que no se llevó a cabo la detención efectiva e inmediata del principal sospechoso.

La FGR detalló que el caso de Carla Ayala se ventiló en el juzgado de Santa Ana debido a diversos recursos de apelación interpuestos ante la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador y también por recursos de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El juicio se desarrolló por dos semanas, en las que la juez especializada validó las pruebas de cargo testimoniales, periciales y documentales con la que se demostró la responsabilidad penal de los imputados, aseguró la FGR.