• Diario Digital | jueves, 30 de junio de 2022
  • Actualizado 19:43

Política

Abren proceso sancionatorio contra Ana Vilma de Escobar por divulgar información de FECEPE

La legisladora habría usado esta información como prueba de descargo por señalamientos que hizo el secretario de Transparencia refiriendo que en el FECEPE hubo mal manejo de fondos.

Ana Vilma de Escobar
Ana Vilma de Escobar y su abogado tienen siete días hábiles para rendir informe al IAIP.
Abren proceso sancionatorio contra Ana Vilma de Escobar por divulgar información de FECEPE

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió abrir un proceso sancionatorio contra la diputada Ana Vilma de Escobar por divulgar información clasificada como confidencial por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) sobre el Fideicomiso Especial para la Creación de Empleo en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE).

El proceso no solo se abrió en contra de la diputada, sino también de su abogado, Lisandro Quintanilla Navarro, por “el presunto sometimiento de la infracción muy grave, contemplada en el Art. 76 letra b de la LAIP (Ley de Acceso a la Información Pública) consistente en divulgar información confidencial”.

La diputada de Escobar y su abogado presentaron como prueba contra el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, informes de auditoría a FECEPE que están reservados por BANDESAL y protegidos por el secreto fiduciario.

Según la Ley de Acceso a la Información Pública “entregar o difundir información reservada o confidencial” es una falta muy grave que se sanciona con multas hasta de 40 salarios mínimos del sector comercio y servicios.

Los comisionados del IAIP explicaron en su resolución que la diputada y su abogado tienen siete días hábiles para rendir informe al IAIP ofreciendo los medios probatorios por los que fundamenten su defensa y expliquen cómo obtuvieron la información.

De Escobar y Rodríguez están enfrentados desde hace meses por señalamientos que hizo este último al referir que en el FECEPE habían hallazgos de mal uso de fondos.

Esto levantó un conflicto entre ambos funcionarios, a través de declaraciones en medios de comunicación, que llevó la que la legisladora presentara una demanda en contra de Rodríguez por difamación y calumnia.

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