Desde que el pasado 29 de junio se diera a conocer un decreto ejecutivo anunciando un incremento a las tarifas del servicio de la energía eléctrica, diversos sectores han dado la alarma que podría tratarse de un “impuesto disfrazado”, por lo que de hacerse efectivo se estaría cometiendo una ilegalidad.

El partido ARENA, sector empresarial agremiado en la ANEP y otros movimientos de derecha, se oponen al decreto bajo argumentos que van desde lo jurídico, a lo “inconveniente” que resultaría cargar “un impuesto” más a la población.

Por su parte, el ministro de Economía Tharsis Salomón, ha pedido a la ciudadanía “hacer un sacrificio (en los bolsillos)” y apoyar la medida. Dicho incremento, ha dicho el gobierno, representa un centavo ($0.1) para los hogares que consumen más de 99 kilovatios al mes y aportaría al Estado alrededor de $7 millones para invertirlos en energías limpias y precios más bajos en un futuro.

Este 13% de aumento no aplicaría para un millón cien mil familias que mantienen el subsidio y que lo seguirán gozando, dijo Calixto Mejía, de la comisión de Economía de la Asamblea Legislativa por el FMLN. “Este centavo es para el futuro energético”, argumentó.

En torno al decreto hay mucha discusión y la derecha está dispuesta a impedir su ejecución pues consideran que los dos gobiernos del FMLN han implementado 24 nuevos impuestos y han adquirido préstamos por 4 mil millones “y la gente sigue sin ver resultados”, dijo Margarita Escobar, quien promueve una demanda de inconstitucionalidad contra la disposición presidencial.

Entre estas discusiones llevadas al terreno político, se encuentra una ciudadanía confundida entre dos versiones (la oficial y la de la oposición), y en redes sociales surgen los defensores y detractores de la medida.

La principal duda que flota en el ambiente es si la disposición presidencial es un impuesto disfrazado, como ha dicho ARENA y la ANEP, o si se trata de un decreto ejecutivo emitido en el marco legal.

Los cuatro argumentos de ARENA:

1- Es el impuesto número 27 del FMLN.

2- Es inconstitucional.

3- No se perciben resultados en el gobierno.

4- El cobro afectará la cadena de producción.

El término que el principal partido de oposición y aliados utilizan para llamar al decreto es el de “impuesto disfrazado” y ya manejan una campaña mediática para convencer a la gente que así es.

“Pedimos al gobierno que reflexione sobre la conveniencia de aplicar este impuesto disfrazado”, enfatizó Escobar, a la vez que sentenció que rechazan la medida “contundentemente” por ser ilegal e inconveniente al interés común.

La parlamentaria insistió en entrevista de televisión que el decreto anunciado está usurpando las funciones de la Asamblea Legislativa, por lo que pidió a la SIGET no aprobar el reglamento de operaciones advirtiendo que de hacerlo caerían en una ilegalidad.

“Demandamos a la SIGET no aprobar el reglamento de operaciones por no guardar armonía con la ley y con el modelo de costos (de producción de la energía eléctrica)”, dijo, en concordancia con lo argumentado por su compañero de bancada René Portillo Cuadra.

Para los legisladores no se trata de un centavo, sino de un 13% que se incrementará al 13% de IVA que ya se paga en la factura de energía eléctrica, y además la CEL cobrará a ANDA el incremento y se generará un efecto negativo en la cadena productiva del país, agregaron.

Escobar recordó que los dos gobiernos del FMLN han aprobado 26 nuevos impuestos a los salvadoreños, incluyendo el 10% sobre ganancias de capital, el 10% sobre dividendos, 13% de IVA para exportaciones, 5% de servicio de telefonía, 20% a las bebidas de refrescos, entre otros, que afectan las transacciones de la pequeña y mediana empresa. “Por eso ese centavo importa, y mucho”, enfatizó.

Para reforzar la tesis, explicó que la Constitución faculta solo a la Asamblea Legislativa para aprobar impuestos y demandó al gobierno “que suspenda de inmediato ese 13 por ciento”.

En tal sentido, ARENA propuso al gobierno que en vez del incremento de un centavo se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se recorte en todas las carteras de Estado un 5% en el gasto superfluo. “Si es un problema porque no tienen dinero, que no lo resuelvan con más impuestos ni con el dinero de los trabajadores (AFP). El pueblo es el que sufre las consecuencias de la clase política”, manifestó Escobar.

El FMLN se defiende:

1- El 13 por ciento no afectará a familias que consumen hasta 99 kilovatios al mes.

2- Lo recaudado irá a las arcas de CEL para que invierta en energía más limpia.

3- Como resultado el gobierno garantiza precios más baratos en el servicio.

El FMLN parece que no dará marcha atrás a la propuesta y ya se alista a publicar el decreto que deberá autorizar la SIGET para que a su vez entre en vigencia.

“Este centavo por kilovatio hora no afecta a un millón cien mil hogares salvadoreños que tienen subsidio y que seguirán teniéndolo”, expresó el miembro de la comisión financiera de la Asamblea por el FMLN, Calixto Mejía.

Según Mejía, lo recaudado beneficiará al país con la producción de energía más limpia. “El presidente lo hace pensando en el presente de las familias y empresas. Beneficia con energía más limpia proveniente de fuentes renovables. Además va a garantizar precios más baratos. Esto son soluciones”, se defendió.

El legislador reprochó el discurso de ARENA, en este sentido, el cual se ha dado a la tarea de “destruir”, señaló.

“Durante 20 años de ARENA no se hicieron inversiones estratégicas en el sector energético. Estamos tratando de resolver el entuerto que heredamos del Chaparral que empezó en la administración de Calderón Sol; la ampliación de la Cinco de Noviembre; los parques geotérmicos de Chinameca, San Vicente, Ahuachapán y Berlín; el parque eólico de Metapán; un plan de cinco años para ampliar la red de distribución de la energía eléctrica y el parque fotovoltaico 15 de Septiembre”, entre otros, expresó.

El diputado recordó que los costos en la energía han disminuido, así como en la telefonía, pese a la contribución especial, así como condenó que grandes empresas evaden al año $1,500 millones en impuestos, dijo.

“La contribución (del 13%) es legal. A nuestro criterio está sustentada en el artículo 60 de la Ley General de Electricidad [...] Heredamos una papa caliente producto de decisiones equivocadas, hoy estamos cambiando la matriz energética que es clave para las familias, las empresas y para el país”, señaló el parlamentario.

Mejía desmintió además a ARENA que asegura que el costo se verá reflejado en la factura. “Se ha argumentado que el 13% va reflejado en la factura y no es así. En la factura hay cargos inclusive municipales; el cargo va solo al costo de la energía. Una familia que su factura llega a $17.12 no será afectada, seguirán teniendo el subsidio de $9.38, es decir, el 55% de su factura se la va a seguir cubriendo el Estado”, señaló.

El diputado lamentó que ARENA insista en poner obstáculos a las propuestas del Ejecutivo. “Les tendemos la mano izquierda para llegar a entendimientos”, ofreció el legislador.