Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 57 votos a favor, certificar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, por tres delitos más.

La decisión de los diputados ocurrió luego de dar por terminado el antejuicio al conocer que el comisionado había renunciado desde el lunes a su cargo como viceministro de Seguridad. Ya no tenía fuero, por lo que ya no podían quitárselo.

En la plenaria en la que le quitarían la protección constitucional ya había intervenido la diputada que hacía las veces de fiscal, Cristina Cornejo, y la defensa cerró su intervención con la noticia de que ya no era viceministro. Tanto el jefe de la Policía como los abogados salieron del pleno en ese momento.

Después de un receso, los diputados regresaron, cuestionaron la actuación tanto del funcionario como de su equipo defensor y alegaron que habían cometido más delitos, por lo que decidieron pedirle a la FGR que indague.

“Nos llama poderosamente la atención que ayer lunes salió publicada en el Diario Oficial la renuncia del viceministro de Seguridad Pública y fue aceptada ayer. Entonces la pregunta es ¿En qué calidad vino ahora el comisionado Arriaza Chicas?”, cuestionó el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.

Mientras que por el FMLN, Schafik Hándal consideró que “lo que ha quedado en evidencia es que se ha aceptado el cometimiento del delito el cual al comisionado Arriaza Chicas se le está acusando”.

Los legisladores señalaron, en la certificación enviada al ministerio público, que se cometió el delito de encubrimiento ya que ayudaron al director de la PNC a “eludir las investigaciones de la autoridad”, como lo señala el Código Penal.

También señalaron directamente a Arriaza Chicas de haber incurrido fraude procesal, al que la ley explica como: “El que (…) suprimiere o alterare en todo o en parte lo que acreditare la realidad o verdad de lo que se pretendiere conocer, investigar o probar, para inducir a error en una actuación o decisión judicial o de la Fiscalía”.

El tercer delito es el de actos arbitrarios, previsto en el Código Penal de la siguiente manera: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función”.

Encubrimiento tiene una pena de entre seis meses a tres años de prisión, fraude procesal de dos a 10 años y actos arbitrarios de dos a cuatro años.

Los diputados también acordaron enviar el video de la intervención de los abogados de Arriaza Chicas a la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justica (CSJ) para que “investigue el desempeño profesional” de los letrados.