Las organizaciones Acción Ciudadana, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) han catalogado como nulo el nuevo estado de emergencia declarado por el Gobierno sin la Asamblea.

Las entidades de la sociedad civil se refieren al decreto Ejecutivo 19, que contiene una nueva emergencia, esto después de que la Sala de lo Constitucional aceptara una demanda al anterior decreto por posible inconstitucionalidad.

Según las organizaciones el nuevo decreto es una manera del Ejecutivo de no cumplir con lo dispuesto por la Sala, que ordenó el cese de los efectos del decreto en controversia.

Según manifestaron las organizaciones, “El presidente emitió el decreto Ejecutivo 19 mediante el cual nuevamente declara un estado de emergencia en todo el territorio nacional, lo que supone una manera burda de interpretar el cumplimiento que expresa la orden judicial”, valoraron.

Señalan que el presidente Nayib Bukele está obligado a cumplir y hacer cumplir la constitución por lo que “si investidura le obliga a obedecer los mandatos de la Sala de lo Constitucional”.

Indicaron que el presidente Bukele está “obligado a procurar la armonía social, conservar la paz y tranquilidad, lo que supone que lejos de ser un promotor de conflictos sociales y políticos, debe ser quien ayude a solucionarlos”.

Según las organizaciones, el decreto es nulo porque “excede potestades legales” del Órgano Ejecutivo y estaría invadiendo, nuevamente, funciones que le corresponde a la Asamblea.

“Hay una clara intención de evadir el control constitucional que está ejerciendo la Sala en los procesos de inconstitucionalidad”, agregaron.

Evaluaron que el decreto 19 es una “reproducción” del 18, en controversia, y por tanto el objeto de control para la Sala es el mismo por lo que el 19 está sujeto “a la medida de suspensión de efectos”, ordenada por el máximo tribunal constitucional.

Consideraron que la Sala debe certificar al fiscal general, Raúl Melara, para que investigue un posible delito de desobediencia a mandato judicial u otra infracción.

El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro dijo que ya habían subsanado las observaciones que hizo el demandante en el escrito presentando a la Sala la tarde del martes.