El analista político, Paolo Lüers, restó méritos a las acciones de seguridad que ha tomado el gobierno en los últimos meses para combatir a las pandillas, y cuestionó las cifras de muertos que anunció el director de la PNC, Howard Cotto, quien aseguró que la policía ha matado a 603 pandilleros en 650 enfrentamientos durante 2016.

Para Lüers, el mensaje del Cotto solo muestra un fracaso en los planes de seguridad, pues pareciera que la PNC está para matar, cuando su deber es capturar y entregar a los delincuentes al sistema judicial para que les abran proceso, opinó. Esto, a muchos les agrada, sobre todo a aquellos que quieren ver muertos a los pandilleros, añadió.

El exmediador de la tregua cree que la cifra manejada por Cotto como una muestra de la eficacia de la institución se queda aún corta, pues “hay ejecuciones extralegales y enfrentamientos de los cuales la PNC no se hace cargo” que hacen que la cifra se duplique. Según Lüers, el 25% del total de homicidios de 2016 (5,280) son causados por las fuerzas de seguridad.

El presidente de la República y el gabinete de seguridad consideran que 2016 fue un buen año en materia de seguridad ciudadana y se respaldan en las cifras que aseguran hubo baja de homicidios. Usted como conocedor del tema ¿qué piensa?

La única manera de ver un éxito en seguridad en 2016 es verlo como ellos lo presentan y lo comparan con 2015 cuando se disparó extraordinariamente la cifra de homicidios, que fue todo un record. Pero 2016 no fue para nada un buen año para la seguridad ya que por falta de políticas la cifra de homicidios se disparó en los últimos años. Haciendo un resumen de toda la gestión de este gobierno, tienen dos años seguidos de records negativos en cuanto a homicidios. Si comparamos toda la gestión, siempre salen mal.

Pero el director Howard Cotto ha dicho que en 2016, un total de 603 pandilleros murieron abatidos por la PNC. Según el parecer del director esta cifra es positiva.

Está difícil verlo como positiva a menos que uno parta de que el deber de la PNC sea matar pandilleros. Hay mucha gente que así lo cree pero la tarea de la PNC no es causar bajas sino detenciones para iniciar procesos judiciales. Uno podría sacar la conclusión que más de 25% de muertos que hubo en el país en 2016 fueron causados por la misma policía, por las fuerzas de seguridad, lo cual quiere decir que uno de los principales motores de la violencia es la misma PNC. No es necesariamente como antes, que los muertos se daban por el conflicto entre pandillas, si no que ahora es por el conflicto entre pandillas con PNC.

Ahora uno de los principales causantes de homicidios son las fuerzas de seguridad. Me resulta difícil verlo como éxito. Es muy preocupante.

El director de la PNC aclara que estos muertos fueron en enfrentamientos armados, además todos sabemos que los pandilleros tienen armamento sofisticado y si ofrecen fuego, pues recibirán fuego, supongo.

El problema es saber cuál es el motor de este enfrentamiento, cuál es el factor que lo mueve, lo profundiza y lo hace más agudo. En este caso entran las políticas formuladas por este gobierno que reflejan altas estadísticas de muertos en 2015 y 2016. Si los muertos los genera la PNC me resulta contradictorio ver esto como éxito.

Se tiene que tomar en cuenta que si la policía arresta a un pandillero, la pandilla lo repone, pero cada pandillero muerto produce más resentimiento, más radicalidad por parte de las pandillas, ese es el mecanismo de la escalada de este conflicto. El gobierno no está logrando desacelerar el conflicto sino que lo está acelerando, profundizando y agudizando.

Tenemos información en El Salvador TIMES que el gobierno financiará seguridad privada en cantones y en zonas de pobreza, partiendo de la tesis que esto mismo ha funcionado en colonias y residenciales de las ciudades grandes.

Me parecería una patada de ahogado. No se puede poner la seguridad pública en manos de este ejército de vigilantes privados porque no están debidamente seleccionados, entrenados, no responden a un código estricto de ética y profesionalismo. Si el gobierno implanta esto, estaría promoviendo que privados tomen la justicia en sus manos. Esa no puede ser la solución.

Como se sabe, algunos políticos se sentaron a dialogar en periodos electorales con dirigentes de pandillas. Pregunto ¿en algún momento se han convertido las pandillas en actores políticos o están en proceso de convertirse?

Primero, esto no es nuevo, ha sido así en los últimos 10 o 15 años. Las pandillas no son actores políticos, sino son actores sociales cuya presencia y actuación tiene implicaciones políticas, es una diferencia, no son ni se convertirán en fuerza política por eso, pero sí hacen acciones que tienen impacto sobre la situación política. Esto no es nuevo. Eso ha sido así antes, durante y después de la tregua. Si lo partidos se sienten obligados, sobre todo en tiempos de campaña, de llegar a algún tipo de arreglo local o regional, incluso nacional con las pandillas, tampoco es nuevo; ha pasado en todas las elecciones de los últimos años.

Vienen otros procesos electorales. Este año de hecho, es preelectoral ¿Cree que los políticos seguirá buscando acercamientos clandestinos con dirigentes para alcanzar acuerdos?

Me imagino que sí porque las campañas electorales significan un despliegue territorial de los partidos y en muchos de los territorios tanto urbanos como rurales, no hay una manera de hacerlo sin tomar en cuenta la presencia de las pandillas. El problema es que los partidos por esa razón negocian con las pandillas pero no negocian con el sentido de resolver un problema, no de buscar soluciones, si no simplemente por un criterio oportunista electoral.

¿Puede ser válido el diálogo con pandilleros? y ¿en qué momento?

Si las pláticas, los diálogos con pandilleros estuvieran encaminados a buscar soluciones para bajar la violencia, bajar homicidios y buscar soluciones de integración, de resocialización, bienvenido sea pero no es el caso con este gobierno. Los partidos, sobre todo el FMLN y ARENA, se han expresado muy negativamente sobre lo que se dio durante la tregua, cuando había un entendimiento entre pandillas. Incluso hicieron una legislación que penaliza a las personas que participen del diálogo con pandilleros. Pero por otra parte, los partidos siguen manteniendo este tipo de entendimientos que no tiene un fin aceptable de buscar solución a la violencia, sino de buscar una conveniencia electoral. Esta es una postura hipócrita.

Los diálogos con fines electoreros que mantienen los partidos con pandilleros son diálogos hipócritas. Ahorita hay un resentimiento muy fuerte entre las pandillas y el FMLN como fuerza de gobierno, al grado que las pandillas giraron comunicados que no permitirían despliegue de campañas electorales del FMLN en sus comunidades. Esto puede crear una situación tensa en el terreno una vez lleguemos al tiempo de campañas.

¿Usted ya no es parte de esos procesos de mediación? ¿Qué pasó con Raúl Mijango, con Monseñor Colindres?

Raúl Mijango está fuera de la jugada porque tiene medidas que le prohíben estar en contacto con alguien relacionado a pandillas. En el momento en que le dan esas medidas debe retirarse. Este es otro factor y ya con la situación legal que le han creado, con una reforma que han hecho al Código Penal que penaliza el diálogo con pandillas, obviamente no me voy a mete en eso, nadie se mete en eso ahorita. Este es otro factor que hace más difícil la situación porque ya no hay nadie quien tenga la capacidad de mediar o tratar de llegar a las pandillas y comunidades a acuerdos que bajen los niveles de violencia. Si nadie hace esto, la violencia se dispara con más libertad.

¿Cuál era el fin de mediar de parte de ustedes?

Lo que hicimos en 2012, 2013 y 2014 fue trabajo de bomberos, de desactivar un poco la tensión y cadenas de violencia. Ya no hay nadie que lo haga: Raúl no lo hace, yo tampoco, monseñor Colindres tampoco, lo alcaldes que lo han hecho han corrido riesgo si lo vuelven a hacer, nadie lo está haciendo. Entonces es una situación que si no hay ningún esfuerzo de, mediante el diálogo, bajar la conflictividad, esta sube. Esto es una parte central de la política oficial del gobierno de no permitir, de perseguir penalmente a los que intervienen como mediadores, eso es parte de los factores que han disparado la violencia en los últimos dos años.