• Diario Digital | miércoles, 10 de agosto de 2022
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Política - PDDH

Procuraduría investiga denuncia de allanamiento de morada por policías

La irrupción no fue hecha por funcionarios de Salud sino por agentes de la PNC, informó el procurador.

Apolonio Tobar en República
Foto tomada de PDDH.
Procuraduría investiga denuncia de allanamiento de morada por policías

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, dijo que están investigando una denuncia que les hicieron acerca de un allanamiento de morada perpetrado por un grupo de policías durante la emergencia por coronavirus.

El hecho ocurrió a pocas horas de haberse instaurado el decreto ejecutivo 19, donde se obligaba a la población a permitir la entrada del personal de salud a la vivienda.

De acuerdo con el procurador, la noche del martes les informaron del hecho, aunque no dijo en qué lugar fue.

“Anoche nos estaban informado de un caso, me han quedado de confirmar el lugar, en el que al parecer ya hubo un allanamiento de una vivienda. Creemos totalmente que esa disposición contenida en el decreto 19 es inconstitucional”, dijo el funcionario en la entrevista República SV de canal 33.

Agregó que la irrupción no fue hecha, ni siquiera, por funcionarios de Salud (a quienes señala el decreto como los que pueden entrar) sino por agentes de la corporación policial.

“(El allanamiento) fue por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”, dijo, y agregó que el personal de salud “siempre se hace acompañar por miembros de la Policía”.

Añadió que no tienen más información porque están confirmando la información para darle el trámite respectivo.

La obligación de permitir la entrada de personal de salud causó polémica pues en la Constitución de la República establece que la vivienda de los ciudadanos es inviolable y que no se puede ingresar salvo permiso del dueño o una orden judicial.

“No puede el Ejecutivo mediante un decreto decir que estamos obligados a permitir que ingresen a las viviendas para verificar condiciones, no lo puede hacer porque el artículo 20 de la constitución establece lo contrario”, analizó.

Dijo que de ser enviado a la Sala, la resolución del tribunal constitucional sería obvia declarando la inconstitucionalidad.

“Esa disposición no supera el análisis de constitucionalidad. El Salvador es una República y está sustentada en un orden constitucional, que significa que para emitir cualquier orden debe estar en la Constitución, no se puede emitir una orden en contra del marco constitucional, menos en un decreto ejecutivo que no tiene la calidad de ley formal”, explicó.

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