Dos demandas de inconstitucionalidad fueron aceptadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del Presupuesto General de la Nación 2017.
En una de las demandas se expone que la deuda flotante a la que alude el artículo 5 de le referida normativa constituye un empréstito voluntario, por lo que debe concurrir el quórum mínimo de aprobación que está establecido en el artículo 148 inciso dos de la Constitución.
Añade que esa exigencia no se ha verificado en la creación de la Ley de Presupuesto 2016, texto que fue reproducido para el artículo 5 de la Ley del Presupuesto 2017, por no haberse aprobado con los votos de los dos tercios de los diputados electos.
En la segunda demanda se denuncia que en el referido presupuesto se ha omitido prever tiodos los gastos que deberá afrontar el Estado en el 2017. Esto debido a que no se incorporaron 430 millones de dólares.
Se añade que de este modo la falta de recursos para cubrir distintos rubros alcanza el 8.8 por ciento del presupuesto, situación que afecta a todo el presupuesto estatal.
Los magistrados admitieron la demanda por la presunta vulneración al artículo 148 y 226 de la Constitución, lo cuales establecen el quórum mínimo para la aprobación de empréstitos voluntarios y el principio de equilibrio presupuestario. 
El razonamiento de la Sala de lo Constitucional para admitir las demandas es que en la primera hay posible violación del artículo 148 de la Constitución, ya que la deuda flotante se constituiría como un empréstito voluntario y necesitaría los votos de dos tercios de los diputados electos y la segunda viola el artículo 226 de la Constitución, ya que este señala que  Órgano Ejecutivo es el encargado de estructurar las diferentes fuentes de ingresos del Estado.
Las resoluciones de admisión fueron firmadas por unanimidad por los magistrados Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, Celina Escolán y Eliseo Ortíz.