Es contra los artículos cinco y seis que permiten la transferencia entre partidas y obviar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
La Sala concedió un plazo de diez días a los diputados y al Fiscal General, Raúl Melara, para que se pronuncien por la presunta inconstitucionalidad que se señala.
El Presidente ha planteado que la aprobación de los diputados vulnera los artículos 138, 226 y 227 de la Constitución de la República; no obstante, quien determinará si hubo o no vulneración es la Sala.
Los demandantes, de acuerdo con la Sala, señalaron al nuevo gobierno de no permitir la estabilidad laboral de las personas que trabajaban en las dependencias de Casa Presidencial.