Joaquín, junto a una sicóloga y una enfermera, atendía a un joven una tarde en un barrio bravo de la capital, uno de esos lugares donde los pasajes son recovecos y las casas se apiñan, entre muros marcados por números o por letras, marcados por el barrio o por la mara. Ahí estaban cuando, de un arrebato, tres hombres se agolparon en la puerta, uno de ellos le apuntó con un arma al paciente, tres balas le perforaron el cuerpo. Los sujetos huyeron.

La gabacha de Joaquín, el nuevo doctor en la zona, nunca volvió a ser igual. Una mancha de sangre de aquel paciente nunca le borrará el amargo olor a pólvora, lo caliente de la mano del paciente cuando le tomó los últimos signos vitales que le quedaron, los gritos de la sicóloga y la enfermera. No quedó nada en aquel lugar donde murió su paciente, un joven, otro pandillero, a quien le llevaban el control como parte del servicio de la unidad de salud en la zona.

Joaquín llegó agitado y más blancuzco que las paredes de la unidad de salud donde trabajaba. Aún no entendía bien lo que había pasado, pero no había mucho tiempo para asimilarlo, había más pacientes que atender. Ese fue el último día que esa sicóloga y esa enfermera llegaron a  trabajar a esa unidad del área metropolitana. Joaquín no tuvo opción, sino se quedaba no se graduaba.

Laura, su compañera desde el primer día en la unidad de salud, no vaciló en ayudarlo. Limpió la sangre de aquel joven muerto y fue la primera vez en que ella se preguntó: “¿qué carajos hago aquí?”.

                                                                                            ***                                                                                                       

Era el mes de diciembre. Laura había llegado esa mañana a la universidad con la confianza puesta y su mejor traje. Se estaba jugando su futuro. Siete años atrás inició la carrera de medicina en la Universidad de El Salvador (UES), y lo único que se interponía para terminar su doctorado era un año de servicio social.

Laura era parte de los más de 700 estudiantes de medicina que se integran a su año social, apenas unos 270 logran una plaza remunerada, los que logran una nota sobresaliente en el examen previo. Los demás trabajarán ad honorem en los centros de atención básica del país, algunos se repartirán entre las 749 unidades de salud que hay en el territorio nacional y otros se irán a los más de 570 Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializados (Ecos).

Pero a Laura no le importaba en realidad, hubiera esperado tener la oportunidad de tener una plaza remunerada, pero un problema académico le impidió tomar el examen en el tiempo. Atrasó su proceso y aunque hubiera tenido una gama amplia de oportunidades para escoger, pensó que ya que no tendría plaza remunerada, tendría que ser en el área metropolitana. Los encargados le dieron pocas opciones y todas eran en las zonas más peligrosas de la región, nombres como Distrito Italia, Barrio Lourdes, Santiago Texacuangos, Saavedra, La Fosa, Popotlán, entre otros, figuraban en la lista.

No conocía ninguna, aunque la fama de haber oído sobre homicidios y pandillas en la zona le precedía. Sin embargo, sin preocuparse por eso, eligió una de las que están en los municipios de la de la zona oriente del área metropolitana.  Tenía un año por delante para conocer.

                                                                                              ***                                                     

Son las 8 de la mañana del 1 de febrero. Laura llega con su gabacha blanca colgada en el brazo junto a dos colegas más. Los recibe el director de la unidad de la Salud y les hace la advertencia más importante de toda su carrera: “No se quiten la gabacha, nunca”. La doctora cuenta que para todos los trabajadores de salud ese es como un blindaje, un seguro, un muro de contención para “los muchachos” que asedian la zona.

Al llegar nunca se imaginaron lo que los recibirían. “El director nos dio la orden de bajar a una de las comunidades porque el doctor de uno de los Ecos de la zona había renunciado”. La noticia fue como un balde de agua, pero Laura no reaccionó temprano. Sin embargo, uno de sus colegas sí: “‘Yo no bajo’, dijo mi compañero. Sabía que era zona peligrosa. Lo sabía”, dijo. El director amenazó al joven con sancionarlo. No hubo poder humano que lo hiciera ir. Renunció.

'Yo no bajo’, dijo mi compañero. Sabía que era zona peligrosa. Lo sabía

Solo entre enero de 2014 y mayo de 2016, en el área metropolitana de San Salvador, han renunciado 19 médicos de año social por la situación de inseguridad y violencia que se vive en esas zonas, según un informe detallado de la Oficina de Acceso a la Información Pública. De hecho, solo en el año 2015 unos 11 jóvenes dejaron sus plazas.  

Pero el compañero de Laura no fue el único que corrió esa situación. Solo entre sus compañeros más cercanos, sus amigos, tres más corrieron una suerte similar en otras zonas del país.

Una de ellas fue Xiomara, a quien la mandaron a una zona de La Libertad. Cuando llegó a la unidad de salud parecía que todo marchaba viento en popa, pero todo se complicó.

          – ¿Y ella quién es? –dijo uno de los palabreros reconocidos al verla

          – Es la nueva médico –le respondió la veterana enfermera que la acompañaba

          – No, que se vaya. No queremos nadie nuevo aquí, que se vaya –le ordenó.

Eso fue todo. El hombre había hablado. Xiomara no volvió. “Algunas veces mandan a alguien más o simplemente no hay médico todo el año. Solo se queda encargada la enfermera y algún médico de la unidad de salud que ya es conocido. Esa plaza queda ahí tirada”, sentencia Laura.

En todo el país, solo en 2014 unos 5 estudiantes renunciaron a este proceso, en 2015 lo hicieron 13, y hasta mayo de este año lo han hecho 8.

Laura no quería ser de esas y continuó. Llegaron al acuerdo de visitar ese Eco tres veces por semana junto a su único compañero, Joaquín. “Yo ya sabía que era peligroso ahí, pero como uno se la lleva de vivo, y dice como es personal de salud no se meten con ellos, pero el problema es quedar en fuego cruzado”, recuerda.

Sin embargo, en esa zona, los pandilleros tienen la costumbre de avisar con anticipación que habrá “un evento” y así el personal médico puede cerrar el Eco e irse a la unidad de salud para desde ahí atender al que pueda llegar.

Recuerda que la primera vez que entró a una de las comunidades que están bajo la jurisdicción de la unidad la mandaron junto a una enfermera a una escuela de Fe y Alegría. Los muros con los "placazos" le dieron la bienvenida y conoció a los pandilleros más pequeños de toda la cadena. “Eran niños de quinto o sexto grado y en las actitudes uno los reconocía. Les decían a los demás: ‘no se vacunen, nadie se vacune’ y les hacían caso”, recordó con escalofríos en los brazos. 

                                                                                               ***                                                              

Laura cuenta que uno de los grandes problemas es que la unidad de salud queda a un lado de la calle que divide una pandilla con otra y por eso no siempre pueden llegar, y si por la mala suerte llegan, peligra su vida.

“Con ellos uno tiene que saber medir. De entrada las enfermeras lo adiestran a uno, a quién atender rápido, a quién darle prioridad, a quién darle medicinas sin receta, todo eso está medido”, dice.

Y es que “los muchachos”, como le llaman, exigen un trato especial. Recuerda que cada vez que a uno los pandilleros lo sacaban de la cárcel, uno de ellos lograba escurrirse y llegar a la unidad de salud. “Necesitamos crema para los hongos, antibióticos, acetaminofén”, le decían. Al principio el resquemor atacaba a Laura, hasta que entendió que poner su vida en riesgo por seguir los protocolos del Ministerio de Salud no tenía mucho sentido.

Con el paso del tiempo fue aprendiendo que una advertencia como: “Ahí viene la esposa del fulanito”, implicaba que ante cualquier persona esa mujer era la prioridad número uno. Esa era la exigencia. Ellos siempre eran la prioridad.

Recuerda que una ocasión en una pesquisa que se realizó en la zona, la esposa de uno de los líderes de la pandilla se quebró un pie. En el Eco, solo estaba una promotora de salud, pero como ante cualquier acción violenta la orden era salir de ahí lo más rápido posible hacia la unidad de salud, la promotora debía seguir el protocolo.

“Llame a una ambulancia, rápido necesita ayuda”, le ordenaron. Ella dijo que no podía, que lo hicieran ellos. Entonces desataron la furia. Esa fue la última vez que se abrió ese Eco en la comunidad. “Ellos cerraron el Eco y así estuvo por cuatro meses, todos los promotores y enfermeras fueron trasladados hacia otros lugares”, recordó.

Esta es una situación común en el país. Según datos brindados por la unidad de Acceso a la Información Pública del MINSAL, solo en 2014 se solicitaron 198 traslados. Sin embargo, en 2015 estas estadísticas sufrieron un incremento del 37.5% y unos 317 miembros del personal de salud pidieron traslados. En estos se incluyen enfermeras, promotores de salud, médicos y personal administrativo.

De igual forma, para este 2016, las cifras también son alarmantes. En los primeros cinco meses del año 145 trabajadores de la salud han solicitado traslados en todo el país, casi logran la totalidad de los traslados de 2014.

En los primeros cinco meses del año, 145 trabajadores de la salud han solicitado traslados en todo el país, casi logran la totalidad de los traslados de 2014.

En el informe, aunque no todos argumentaron que había sido por seguridad personal o delincuencia, las fuentes aseguran que no todos quieren dar las razones reales e incluyen razones como motivos familiares, económicos o necesidades en el servicio.

Al igual que en el caso del ECO que visitaba Laura, según el informe, cuatro promotores de salud fueron trasladados hacia otros puntos del país. En este caso, tampoco se especifica que fue por seguridad.  

Según el informe, solo para el caso de los médicos en el área metropolitana en 2014 y 2015 unos 17 doctores pidieron traslado cada año, es decir, 34 en total. En este 2016, los números se han disparado, ya que solo hasta el 31 de mayo unos 15 médicos del área metropolitana pidieron traslado, sin especificar los motivos.

                                                                                               ***                                                      

Para Laura fue un alivio, ya no tuvo que volver a la comunidad, pero ahora si “los muchachos” y sus familias querían atención debían ir hasta la unidad de salud, una misión casi imposible porque la unidad está en medio de tres pandillas: el barrio 18 sureños, el barrio 18 revolucionarios y la mara salvatrucha.

Entonces, las balaceras frente al centro asistencial comenzaron a arreciar. En una de tantas, unos sujetos atacaron a dos jóvenes, uno de ellos cayó herido en la acera. Joaquín, el compañero de Laura, logró llegar a atenderlo, pero no hubo más que hacer. Trató de asistirlo, pero la vida se le fue.

Desde entonces, a Joaquín le habían advertido que ya no se metiera. Era la segunda vez que lo pillaban ayudando a un contrario. “Lo amenazaron fuerte, pero ni modo ya no podía renunciar”, contó  Laura. Entonces pidieron al Ministerio de Salud poder cerrar antes, luego de una serie de trámites partieron que la unidad cerrara a las 4:00 de la tarde. “Aquí nunca pudo funcionar Fosalud, era imposible”, dijo.

Laura recuerda muy bien a una de las pacientes que tuvo y la dejó marcada. Era una señora de unos 45 años que tenía un tumor y debía hacerle curaciones cada tanto. En una de esas, llevó a sus dos hijos, un niño de unos 13 años y una niña de unos 9. Laura curaba con delicadeza la lesión y los niños de un sobresalto salieron del lugar. Se percibía que algo pasaba.

Los menores de escondieron en la dirección de la unidad, pero el director los desalojó. Una enfermera logró esconderlos en un consultorio hasta que la madre saliera. Una vez terminó salió con los menores, su esposo los esperaba. Unos hombres los interceptaron, le pidieron el DUI y le exigieron al niño que se quitara la camisa para ver si era de pandilla. Nunca más volvió a verlos.

“Yo me quedé así con las ganas de llamar a la policía con el teléfono en las manos para que llegaran a llevarse a esos bichos. Una enfermera me dijo: ‘no llame doctora, mejor no se meta. Ahí déjelos’. Uno se siente con esa impotencia. Ya no la volvimos a ver y tenía un cáncer”, dijo lamentándose.

“Yo me quedé así con las ganas de llamar a la policía con el teléfono en las manos para que llegaran a llevarse a esos bichos. Una enfermera me dijo: ‘no llame doctora, mejor no se meta. Ahí déjelos’. Uno se siente con esa impotencia"

Sin embargo, a los días, la situación cambió. Cuatro meses después de que el Eco fue cerrado, las pandillas de la zona exigieron a la institución que la reabriera. “La necesitamos”, alegaron. Y entonces entró un nuevo actor al escenario, el Ministerio de Salud directamente negoció con ellos para abrir el Eco y que dejaran trabajar al personal.

“De un nivel alto llegaban a hablar con ellos, aunque no era directamente con ellos, sino con las personas de la junta directiva que les trasladaban sus exigencias”, relata. Pedían que no querían ver a algún doctor, a alguna enfermera, tener un médico fijo y no uno que llegara cada año, que las visitas y curaciones fueran en sus casas. El ministerio cedió en algunas.

Pero es que además esas personas están presas en sus casas, ya que no pueden llegar ni a la unidad ni a ningún otro lugar si pasan por la zona de la pandilla contraria, por lo que terminan negociando la salud a domicilio. “Esos Ecos sí vinieron a beneficiar,  pero vinieron a regatear la salud y al final vienen a beneficiar a ese tipo de gente que no sale de las casa y que uno llega ahí y que, de una o de otra manera, está manteniendo y los está encubriendo”, reprocha.

Los Ecos familiares y especializados nacieron en 2010, bajo la administración de Mauricio Funes, con la idea de llevar la salud a las comunidades más alejadas de las unidades de salud e incluso para las zonas rurales. No obstante, en la zona metropolitana hay Ecos que están a pocos metros de la unidad de salud y pierden el objetivo con el que nacieron.

“Esos Ecos sí vinieron a beneficiar,  pero vinieron a regatear la salud y al final vienen a beneficiar a ese tipo de gente que no sale de las casa y que uno llega ahí y que, de una o de otra manera, está manteniendo y los está encubriendo”

“Yo creo que el ministerio en algún punto, de manera indirecta, sí hizo pacto con esta gente porque yo siento que en el momento que se perdió el control se hubiera cortado ese servicio. Si hay gente que va, pero llevarle la salud a esas personas y que tuvieran controlado todo. Tienen controlado el flujo de estudiantes a la escuela, tienen controlado el acceso de la gente a la unidad: había días que estaba sola la unidad porque decían: mañana no vayan a la unidad y no llegaba la gente. Era una coacción tal con la que manejan a la gente. Entonces en alguna medida el ministerio dejó que se saliera de control la situación”, relató la doctora.

Este solo es uno de tantos casos, uno de tantos miembros del personal de salud que vive a diario el acoso de pandillas en las comunidades aún controladas por estos sujetos, pese a las medidas extraordinarias de seguridad que implementan las autoridades.