Si no fuera por lo trágico de la situación, se diría que la inspección de la escena del crimen parece perpetrada por los famosos “Tres Chiflados”. La investigación parece un engendro del no menos célebre y torpe “Súper Agente Secreto 86”. La lectura de las actas policiales relacionadas me permitió reconstruir esa cadena de disparates que fue aquella labor de la División Élite Contra el Crimen Organizado, DECCO.

La noche del 11 de noviembre, un informante anónimo le dio el siguiente soplo a los investigadores: tres días después del asesinato, y sin conexión con el mismo, la policía de Usulután había capturado a un tal Herbert Ramírez por portación ilegal de un revólver que, según el informante, era el mismo con el que habían matado a Gilberto Soto. El investigador Isaac Amaya verificó el informe, encontró el revólver decomisado (Tauro calibre 38, cacha de madera, pavón negro), y gestionó ante la fiscalía la realización de un peritaje balístico comparativo.

Herbert Ramírez, pues, estaba encarcelado. Pero extrañamente, a pesar del informe confidencial que lo involucraba en el asesinato, fue puesto en libertad el 15 de diciembre a petición de la misma fiscalía. En un exhaustivo informe presentado en enero de 2005, la PDDH denunció este punto como uno más de los elementos oscuros de todo el proceso. Aquí es necesario citar en extenso aquél informe:

“Es muy notorio para esta Procuraduría que la Fiscalía General de la República, Subregional Usulután, cuando ya desde el 12 de noviembre se suponía que contaba con información confidencial sobre la participación de Herbert Ramírez en el homicidio, hubiese promovido su libertad.

“Esta Procuraduría considera no solo inusual tal acción fiscal, sino también contraria a la política de mano dura empleada por el Ejecutivo y la FGR, en casos en que son implicados miembros de pandillas, siendo que además Herbert tenía antecedentes penales. Ello sin contar con los riesgos de fuga al tener calidad de sospechoso en el caso del homicidio de Gilberto Soto.

La suspensión del beneficio de suspensión del procedimiento, así como su ejecución, resultan sumamente cuestionables, en virtud de que la Fiscalía efectuó tres días después de requerir, un anticipo de prueba consistente en análisis balístico del arma decomisada a Herbert Ramírez y los proyectiles extraídos al cadáver de Gilberto Soto”.

En su informe, la PDDH destaca algunos aspectos que fortalecen la sospecha sobre la policía, la fiscalía y el juez, que admitió la solicitud de libertad condicional para Herbert, porque todos ellos tenían conocimiento de las circunstancias agravantes relacionadas al imputado. Por ejemplo, dice la PDDH: “Formalmente, en el delito de tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego, no es posible aplicar a los detenidos el beneficio de la suspensión del procedimiento, por exceder la pena prevista de los tres años”… Y lo dejaron libre, ¿por qué?

El 13 de noviembre, otro informante también anónimo dio una nueva pista a los investigadores: a mediados de octubre él había escuchado casualmente, en una gasolinera, la conversación de tres sujetos que estaban planificando el asesinato de un señor que, según pudo entender, llegaría de Estados Unidos, que por ese trabajo les pagarían cinco mil dólares, y que ese dinero lo mandaría una mujer desde Estados Unidos. Ese informante también dijo que uno de los conspiradores era un comerciante llamado Luis Guzmán.    

El 19 de noviembre, un nuevo informante secreto les aportó otra pieza del rompecabezas: el revólver en cuestión le había sido proporcionado a Herbert Ramírez por otro pandillero, Wilson Rivera.

A esas alturas ya la vigilancia sobre los sospechosos estaba en marcha, pues los mismos informantes habían facilitado sus respectivas direcciones domiciliares. El 22 de noviembre, un informante más, anónimo por supuesto (y ya van cuatro), contó a los detectives que se había enterado, por medio de unos pandilleros, que también Santos Sánchez y Sergio Martínez estaban involucrados en el crimen.

En los días posteriores, otros cuatro nuevos informantes anónimos (y ya van ocho, y el infrascrito redactor de este reportaje confiesa que esto lo escribe con algo de pena ajena), confirmaron las participación de todos los sospechosos. En su informe, la PDDH también denuncia esa sobreutilización de espectrales informantes sin nombre:

“Si bien con antelación a la producción de prueba, las investigaciones policiales iniciales pueden y deben buscar indicios de la misma, tal discrecionalidad no da validez a investigaciones, como la presente, en las cuales prácticamente todo se ha establecido sobre la base de referencias oscuras, no verificables, probablemente inexistentes, sobre las cuales no hay forma procesal de confirmar su apego a la verdad real. Tal es la calidad de las ‘fuentes secretas o confidenciales’ utilizadas por la DECCO en el caso SOTO.

“En efecto, se trata de supuestas personas de identidad desconocida quienes por ejemplo se detienen para atrase los zapatos en la vía pública, y escuchan a todos los autores materiales de un delito confesar su participación y dar detalles de la planificación, los móviles y los medios utilizados. O simplemente se trata de ‘testigos sin rostro’, que jamás declararán en el proceso penal formalmente y simplemente ‘saben’ quién es el autor del crimen, qué lo motivó a perpetrarlo y de qué manera lo ejecutó”.

Y agrega el informe: “Tal situación se agrava si las actuaciones policiales se limitan a capturar a dos de las personas señaladas por esas ‘fuentes secretas’, a coaccionarlas y probablemente torturarlas y, por esta vía, obtener con la connivencia fiscal una confesión que sustentará la acusación penal”.

En definitiva, los sospechosos fueron capturados los días dos y tres de diciembre. Las confesiones extrajudiciales rendidas por Wilson Rivera y Luis Guzmán se convirtieron en la base de la teoría fiscal. La fiscalía ofreció a ambos detenidos el criterio de oportunidad, es decir que dejaron de ser imputados y se convirtieron en testigos, asegurándose de ese modo la libertad a cambio de su colaboración con las autoridades.

Sospechas y presiones

Yo había leído en los periódicos algo sobre este crimen, pero sin prestarle una atención especial. Por ese tiempo, mi trabajo periodístico, tanto en prensa escrita como en televisión giraba más bien en torno a temas culturales. Solo de manera excepcional escribía sobre temas políticos, y nunca sobre asuntos judiciales.

No obstante, una noche de mayo de 2005, al terminar mi programa de entrevistas en la televisión, justo a la salida de los estudios me abordó un muchacho que se presentó como Francisco Soto. “Alguien aquí está ocultando la verdad sobre el asesinato de mi hermano Gilberto. Usted es periodista y le pido que me ayude a que esto se sepa”, me dijo. Pocos días después yo estaba en Usulután, en la colonia Saravia, conversando con Francisco.

“Según usted ¿quién mató a su hermano?”, le pregunté.

“No lo sé. No puedo asegurar que no hayan sido los que están presos, pero tampoco puedo afirmar que fueron ellos. El problema es que la investigación de los policías y los fiscales tiene demasiadas inconsistencias y anomalías. El seguro de vida de Gilberto, por ejemplo, no es de 250 mil dólares, como ellos han dicho, sino solo de 50 mil”, me respondió.

Le dije que esa seguía siendo una suma capaz de tentar a cualquiera.

“Pero es que Elba Maritza no es la beneficiaria de ese seguro, sino los tres hijos de un matrimonio anterior de Gilberto.

“¿Pero sí había problemas entre Gilberto y Elba Maritza?”

“Sí, pero cómo en cualquier pareja”.

“Leí que su hermano tenía un récord policial por violencia familiar en Estados Unidos, y que incluso allá estuvo preso por eso”.

“Tengo la impresión de que para que la historia les cuadre, los policías y los fiscales lo han presentado como un hombre violento, pero eso no es verdad. El record policial de mi hermano en Estados Unidos, en 30 años de vivir allá, se reduce a cuatro acusaciones y solo en una de ellas, que fue cuando muy joven por posesión de cocaína, fue cuando lo condenó una corte menor a realizar trabajo comunitario por un par de semanas”.

“¿Pero hubo acusaciones por violencia familiar?”

“Sí, tres, en 1980, 1992 y 2003. Las tres veces fue absuelto por la corte. O sea que era inocente. Eso puede usted verificarlo”.

En efecto días después tuve en mis manos el récord policial en cuestión, y ahí se corroboraba puntualmente lo dicho por Francisco, quien siguió diciéndome:

“Los policías y los fiscales han mentido y han manipulado la información. Esto me consta y me pregunto por qué lo hacen, qué están ocultando o a quién están protegiendo… Mire, el principal testigo es Luis Guzmán, pero él mismo, delante de mi hermana Elsy Arely y de la jueza, dijo que en realidad él no sabía nada de todo esto, y que lo habían obligado a decir lo que dijo”.

Cuando algún tiempo después pude leer el expediente judicial, encontré en la cuarta pieza la verificación de ese incidente ocurrido la mañana del 30 de marzo de 2005 en rueda de personas efectuado ante fiscales, defensores, la jueza, el delegado de la PDDH y Elsy Arely. Ahí, según el acta correspondiente, Luis Guzmán dijo:

“…Que el tres de diciembre de 2004 lo capturaron, después le acumularon el homicidio, pero que él nunca ha visto nada ni a nadie; que a él lo torturaron. La fiscalía lo obligó a decir todo lo que dijo. Que el fiscal que está presente en la diligencia, Allan Hernández, le dio un papel para que se lo aprendiera, el cual entrega en este momento al señor juez”.

Todo ello era ciertamente muy grave, y de ser cierto constituía un claro indicio de la típica fabricación de un caso, operación en la cual la captura y condena de unos chivos expiatorios deja en la impunidad a los verdaderos autores de un crimen… ¿Pero por qué habría de comprometerse la policía y la fiscalía en una trama semejante?

Este caso hubiera sido solo un caso más en las estadísticas en un país que por entonces rondaba un promedio de ocho asesinatos diarios; un país en que ni la policía ni la fiscalía tenían la menor idea de quienes habían cometido la mitad de los 2,400 homicidios reportados por Medicina Legal en los 11 meses que iban de 2004.   

Y como agravante, un país cuyo sistema de justicia ha sido reiteradamente como “ineficiente y corrupto” por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en sus informes anuales sobre la observancia de los derechos humanos. Y Gilberto Soto era precisamente un ciudadano estadounidense y un cuadro de uno de los sindicatos más poderosos de ese país y del mundo.

Así planteado, el caso podía derivar a una peligrosa tensión entre Washington y San Salvador, en un momento sumamente complicado por las negociaciones entonces en curso en torno al Tratado de Libre Comercio, sobre todo por la muy conocida y probada capacidad de presión de las asociaciones laborales norteamericanas.

Y ese fue el escenario que comenzó a perfilarse casi de inmediato. Solo siete días después del asesinato, mientras la diputada del FMLN, Blanca Flor Bonilla, declaraba a los medios que la modalidad del crimen de Soto era la misma que la de los escuadrones de la muerte derechistas de los años 80, sugiriendo con ello una posible motivación política, el ministro de Gobernación, René Figueroa, apoyado por el jefe de la policía, Ricardo Meneses, descartaba esa posibilidad.

Esto queda claro en una nota que, bajo el título de Gobierno niega móvil político en homicidio, publicada por El Diario de Hoy el 12 de noviembre:

“El gobierno denunció que sindicatos de Estados Unidos tratan de manipular la muerte de un transportista salvadoreño-estadounidense para afectar las negociaciones por el TLC.

“El ministro de Gobernación y el jefe de la policía expusieron los posibles móviles del homicidio de Gilberto Soto.

Según el jefe policial el crimen se habría originado por rencillas entre familiares o por la delincuencia común.

Según el ministro Figueroa no hay indicios de matices políticos en el asesinato, como pretenden hacerlo creer algunos sindicatos en Washington.

En Washington, esa postura fue interpretada como una sospechosa negativa del gobierno salvadoreño a investigar la otra hipótesis. En ese sentido se manifestaron de inmediato en sendos comunicados los Teamsters, el Comité Nacional del trabajo de Estados Unidos, Human Righst Watch, y la Federación Americana del trabajo y del Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, entre otros.

Pero no solo estas organizaciones estaban preocupadas por el rumbo inicial de la investigación. El 23 de noviembre el caso escaló de lo meramente laboral al ámbito político de alto nivel, cuando 72 congresistas de Estados Unidos se refirieron al tema por medio de una carta oficial enviada al entonces secretario de Estado Colin Powell:

“Le escribimos para manifestar nuestra fuerte preocupación por el asesinato de un ciudadano de Estados Unidos y líder sindical, el señor Gilberto Soto. Respetuosamente le urgimos a usted que exija al gobierno de El Salvador que realice una inmediata y profunda investigación.

“… Los reportes sugieren que la muerte de Gilberto Soto pudo ser deliberada y premeditada. Dada la historia de represión contra activistas sindicales en El Salvador, creemos que es muy importante que el caso sea totalmente investigado y los motivos de asesinato clarificados”. 

La teoría de que se habría tratado de una ejecución sumaria relacionada directamente con el trabajo de Soto comenzó a tomar más cuerpo en algunos círculos sindicales y políticos. El informe preliminar dado a conocer por esos días por la PDDH advertía ya que “la actividad sindical supone enfrentarse a poderosos intereses políticos y económicos, no solo en el ámbito local sino también internacional”.

El jefe de la división portuaria de los Teamsters, Huck Mack, puso las cosas en blanco y negro. “El hecho de que Gilberto estaba hablando con trabajadores centroamericanos sobre sus condiciones laborales, el hecho de que fuera un organizador sindical hablando con los obreros de esos países parece ser el verdadero motivo de su asesinato”.