• Diario Digital | sábado, 20 de abril de 2024
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Sucesos - Con fondos públicos, de acuerdo a Corte Suprema de Justicia

Charlaix firmó cheques por $15 millones para Tony Saca y $5.9 millones para sí mismo

Charlaix no pudo justificar $18,767,445.84 en su declaración patrimonial. También hubo cheques para el coronel Reyes Dheming, el empresario Antonio Salaverría (expresidente de ARENA) y César Funes, entre otros.

saca charlaix
Fotografía APS
Charlaix firmó cheques por $15 millones para Tony Saca y $5.9 millones para sí mismo

El expresidente Elías Antonio Saca, José Antonio Salavarría, César Reyes Dheming, y César Funes, son algunos de los exfuncionarios que habrían recibido millonarias sumas en cheques emitidos por el exsecretario privado de la presidencia Elmer Charlaix con fondos públicos.

La corte plena estableció que existen indicios de enriquecimiento ilícito de Charlaix, quien no pudo justificar $18,767,445.84 en su declaración patrimonial.

"Existe una serie de depósitos bancarios cuya procedencia no se puso justiciar" reza el comunicado difundido por el Corte Suprema de Justicia.

"Se estableció que desde cuentas bancarias institucionales de la presidencial de la República se libraron cheques a nombre de personas naturales y jurídicas, los cuales en su mayoría eran depositados en cuentas personales del señor Charlaix Urquilla", dice el informe.

Los cheques cuestionados fueron repartidos por Charlaix de la siguiente manera:

Elías Antonio Saca, $15,056,249.000

Pablo Gómez $1,983,421

Julio Roberto Zamora Bolaños $1,166,665

Francisco Rodríguez $570,515

Julio Rank $497,406.36

Partido ARENA $400,000

César Reyes Dheming $ 87,571.98

José Antonio Salaverría $49,443.62

César Funes $45,000

Mientras que $5,878,686.23 fueron a parar a las cuentas del mismo Charlaix.

Según el comunicado de la CSJ, Charlaix dijo en su defensa que "los depósitos particulares provenientes de fondos públicos se realizaron al amparo de un acuerdo emitido por el presidente Antonio Saca, mediante el cual se nombraba como colaborador del presidente de la República, para el manejo de los gastos reservados y secretos que abarcan todas aquellas actividades relativas a la inteligencia del Estados” (...) también manifestó que el uso de estos fondos se constituye como secreto de Estado y que sus actuaciones fueron constitucionalmente válidas ya que los criterios de control sobre la partida para gastos imprevistos fueron emitidos por la Sala de lo Constitucional después de su gestión.

 

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