Charlaix, uno de los hombres de confianza de Saca, se entregó ante las autoridades al acudir a la base de la División Antinarcotráfico (DAN) de la Policía Nacional Civil el 30 de octubre de 2016.

La defensa de los Charliax argumenta prescripción de lo imputado, ya que la demanda se puso el noviembre de 2016 y el fungió hasta el 2005; además, no hubo enriquecimiento ilícito ya que Charlaix actuó legalmente, manejando gastos reservados y secretos que abarcaban Inteligencia del Estado.                       

La defensa alega también que es improponible, porque desconocen si el dinero en cuestión era del Estado.

Las pesquisas en contra de Charlaix iniciaron tras un informe de la Corte Suprema de Justicia que en pleno ordenó juicio civil en contra del exsecretario Privado de la Presidencia.

Los magistrados determinaron que el ex funcionario no pudo establecer el origen de $18 millones de dólares durante su gestión. A él se le vincula en depósitos bancarios que hacía el ex presidente a las cuentas que manejaba para luego realizar otras transferencias con fondos del Estado.

El día en que Charlaix se entregó, las autoridades habían girado una orden de captura contra del expresidente Saca, el secretario de la Juventud Cesar Funes, el exsecretario de la Presidencia Julio Rank, el gerente financiero de la presidencia Francisco Rodríguez, Pablo Gómez contador de la Presidencia y Jorge Herrera, tesorero institucional de Casa Presidencial.

Las detenciones fueron ordenadas por la Fiscalía por delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero.

A Charlaix, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia le investigó siete cuentas bancarias a su nombre, en las que supuestamente depositaba dinero de la cuenta institucional subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia y que posteriormente era transferido a cuentas de exfuncionarios, empresas y un partido de derecha.