Representantes de la Fiscalía denunciaron la intención de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de injerir en un proceso judicial del caso denominado "conexiones" de San Miguel en el que se procesan a más de 120 sujetos entre delincuentes y empleados públicos. Además señalan anomalías durante todo el proceso.

De acuerdo a lo revelado por los fiscales Alan Hernández y German Arriaza, las motivaciones que los magistrados tendrían para interferir en ese proceso es que uno de los procesados es pariente de un magistrado y que otro de los acusados era colaborador directo de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

Los fiscales señalan que el caso sostuvo irregularidades desde que se inició el proceso, en el año 2014, cuando un grupo de los acusados interpusieron recursos para ser juzgados por separado. Obteniendo un resultado a su favor de los jueces de primera instancia.

Los fiscales no revelaron los nombres de los magistrados pero aseguran que han tenido información de que estos se reunieron recientemente con la intención de remover al juez que conoce la causa.

La etapa de vista pública que inició desde el pasado 30 de mayo se ha dilatado en varias ocasiones en las que se ha excusado al juez por un mal estado de salud, que los fiscales adelantan será el argumento para trasladarlo.

“Nuestra preocupación es con base a que ya pasaron tres meses de que inició la vista pública en donde desfiló todo el elenco probatorio y cualquier cambio de juez en este momento vendría a causar graves perjuicios al proceso”, explicó Arriaza

Los fiscales del caso manifestaron no estar en contra de que se realice el traslado pero si del hecho de que se quiera hacer en este momento en que se desarrolla el juicio que ya ha avanzado en un 75% en el desfile probatorio.

El caso conexiones inició en el 2014 cuando se ordenó la captura de pandilleros y narcotraficantes que son acusados de los delitos de homicidios agravados, proporción, extorsión, robos agravados y tráfico de objetos prohibidos en centros penales, entre otros.

En el transcurso de esa investigación se conoció que los delincuentes tenían vínculos con una red de empleados públicos del órgano judicial y ejecutivo quienes les proporcionaban información sobre los testigos criteriados –quienes debían ser protegidos-.