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Sucesos - Investigación

Esta es la forma en que sacaban dinero de las tiendas de los penales

El Salvador Times tuvo acceso al requerimiento que relata la forma en que, según la Fiscalía, eran desviadas las ganancias obtenidas en las tiendas de los 21 penales de El Salvador.

Centro penal de Izalco_2
Centro penal de Izalco. Foto ilustración.
Esta es la forma en que sacaban dinero de las tiendas de los penales

Tanto el exdirector de la Dirección General de Centros Penales, Nelson Rauda, como el actual director, Rodil Hernández, giraron órdenes a sus subalternos para que emitieran cheques y erogaran montos tomados del fondo de las tiendas institucionales para que se usaran en pagos a inteligencia, sueldos, bonos y hasta préstamos personales.

El Salvador TIMES tuvo acceso al requerimiento fiscal que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) la semana pasada en el Juzgado Cuarto de Paz, en el que se acusó a ambos funcionarios. En el documento se detalla la forma en que ambos funcionarios habrían operado para sacar fondos de estas tiendas hacia destinos no autorizados por la ley.

En este caso, asegura que Rauda instruyó a José Rafael Juárez (coordinador de las tiendas institucionales desde 1 de febrero de 2012 hasta el 1 de octubre a 2013) para emitir de los fondos de las tiendas cheques a nombre del inspector general de Centros Penales, que en ese entonces era Anibel Eduviges Rodríguez Villeda.

Pero este inspector general solo debía limitarse a endosar los cheques. Luego, se los devolvía al coordinador de las tiendas, quien debía ir a al banco a hacer efectivo el cheque. Posteriormente, el coordinador le entregaba a Rauda el dinero y este le hacía llegar el dinero al ministro de Seguridad de turno, explica la Fiscalía en la acusación.

Del mismo modo operaba Hernández, quien según el requerimiento, usaba el mismo esquema o estrategia para sustraer fondos de las tiendas.

Sin embargo, Hernández habría instruido que los cheques se emitieran a nombre del inspector general de Centros Penales de ese entonces, Santos Aníbal Ventura Elías y del subdirector técnico, José Luis Rodríguez.

Tanto Hernández como Rauda aseguraron en sus declaraciones que entregaban el dinero a los respectivos ministros de Justicia y de Seguridad de turno, que abarca a David Munguía Payés, Ricardo Perdomo, Benito Lara y Mauricio Ramírez Landaverde.

Todos ellos fueron cuestionados, pero el requerimiento deja consignado que solo uno de ellos admitió haber recibido dinero. Es más, el resto aseguró no tener conocimiento de esa forma de operar.

Finalmente, el dinero que se sacaba era usado para pagar gastos de inteligencia, salarios, complementos de salarios, bonos, viáticos y hasta préstamos personales.

¿Cómo funcionan las tiendas de los penales?

Las tiendas instaladas en los 21 centros penales del país tienen como fin recolectar dinero que depositan las familias de cada uno de los internos del sistema penitenciario para que cada uno pueda adquirir productos de primera necesidad.

En un primer momento, las familias podían depositar hasta $100 en las cuentas personales; actualmente, el límite es de $200. Los reos tienen así ese dinero disponible a manera de crédito y conforme van realizando las compras se va disminuyendo ese fondo.

La coordinación de la tienda es la encargada de comprar productos de primera necesidad con el mismo dinero de los internos y abastece a las distintos negocios en todos los centros penales. De esa compra y venta le queda un margen de ganancia a la coordinación.

Sin embargo, según la Ley Penitenciaria, la ganancia de las tiendas institucionales deberá emplearse para implementar y sufragar programas y obras de beneficio de los internos.

No obstante, aunque este fondo no puede considerarse como dineros públicos, pues no tiene asignaciones gubernamentales o del presupuesto general de la nación, la ley estipula para qué debe utilizarse.

La Fiscalía alega en el requerimiento que en ningún momento se le faculta al director de Centros Penales a usar este dinero para pago de salarios de personas que incluso trabajan fuera de la institución o de otro tipo de bonificaciones.

Actualmente, ,tanto Rodil Hernández como Nelson Rauda enfrentan cargos por actos arbitrarios y administración fraudulenta, aunque las respectivas defensas argumentan que el caso no está debidamente sustentado contra sus representados. La misma jueza al final de la audiencia increpó a la Fiscalía, debido a que tiene que fundamentar las acusaciones para detallar la participación de los sindicados.

Tras la audiencia de la semana anterior, Hernández y Rauda quedaron en libertad condicional mientras dura la etapa de instrucción (recolección y fortalecimiento de pruebas).

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