La noche del 13 de noviembre, una semana después del asesinato de Gilberto Soto, se perpetró un robo nocturno en la oficina del Centro de Estudios y Apoyo Laboral, CEAL, la organización que había preparado con Luisa Teresa Lange los contactos y las reuniones que el sindicalista tendría con los camioneros en Nicaragua, Honduras y El Salvador. 

Los ladrones se llevaron los equipos de computación y comunicación. También hurgaron entre los archivos, pero extrañamente solo extrajeron la información relativa a la agenda de Soto. Un dirigente del CEAL me concedió una entrevista sobre el asunto, pero a condición de mantener su nombre bajo reserva. Equis, así lo llamaré, comienza hablándome del conflicto entre los camioneros y la poderosa naviera transnacional.

— En 2001, cuando los camioneros salvadoreños se fueron al paro, el gerente Local de Maersk Sealand, Ned Brantly, le dijo a varios congresistas estadounidenses que el sindicato lo había amenazado, y que estaba formado por delincuentes y terroristas. Esa acusación motivó una investigación del Comité para Asuntos Laborales, adscrito al Sistema General de Preferencias de Estados Unidos. El delegado que ese comité envió a nuestro país para investigar ese caso fue nadie menos que Robert White.

— ¿El que fue embajador de Estados Unidos en El Salvador a principios de los años 80?

— El mismo. Los camioneros le presentaron constancias de sus solvencias de antecedentes penales, para demostrar que solo eran trabajadores honestos. El problema que tenían era el salario miserable y las pésimas condiciones de trabajo. Los choferes reciben 170 dólares por viaje, independientemente de que ese viaje dure tres o diez días, durante los cuales tienen que esperar en puertos y fronteras durmiendo en los camiones o a la intemperie. Además, ellos le entregaron a Robert White documentación que probaba que, para ser contratados por la filial de Maersk, se les exigía pasar la prueba del polígrafo…

— ¿Y cuál es el problema con esa prueba?

— Aparte que tenían que pagarla los trabajadores mismos a un precio de casi 50 dólares, se les pregunta de manera explícita si eran sindicalistas, si conocían sindicalistas, si tenían parientes sindicalistas o si pensaban afiliarse a un sindicato. Por otra parte, esa prueba se realiza en las oficinas de Wackenhut, una empresa multinacional de seguridad que presta sus servicios a Maersk y también a la embajada de Estados Unidos aquí.

— ¿Qué implicación especial tiene eso?

— El personal de seguridad que acompañaba a los choferes en los recorridos, también pertenecen a Wackenhut, y tenían instrucciones de que si los delincuentes intentaban interceptar el tráiler, apuntaran sus armas hacia el chofer para que no se detuviera. Wackenhut además tiene conflicto  con el Sindicato de Empleados de Servicios de Estados Unidos, SEIU, pues los agentes de seguridad de los edificios en los que el SEIU organiza trabajadores de limpieza y servicios, intentan  impedir que estos se afilien al sindicato… La investigación de White desvirtuó las acusaciones de Brantl, y demostró que los reclamos de los camioneros tenían fundamento.

— ¿Qué papel jugó Gilberto en esto?

— Los Teamsters tienen conflicto con Maersk en Estados Unidos, los mismos problemas que tienen aquí los trabajadores con esa misma empresa. Por eso quisieron ayudarnos aquí, y el indicado para hacerlo era Gilberto Soto. Él venía a organizar un aumento de la lucha contra Maersk, pero lo mataron “oportunamente”, dos días antes de que empezara la ronda de reuniones con los trabajadores.

Esa es la versión de Equis. Pero la Fiscalía, si bien admite que Soto haría trabajo sindical en Honduras y Nicaragua, niega que pensara hacer lo mismo en El Salvador. El fiscal Allan Hernández lo aseguró categóricamente en la audiencia inicial del caso, realizada el ocho de diciembre de 2014: “El señor Soto iba a Nicaragua y a Honduras a ver problemas laborales. A El Salvador no venía a eso sino solo a visitar a su familia”.

Este mismo fiscal también me dijo a mí en una entrevista que, en todo caso, la decisión de Soto de establecer contacto con los camioneros salvadoreños, no era una misión asignada por los Teamsters sino solo un deseo personal del sindicalista. Sin embargo, yo mismo escuché cuando el jefe de la división portuaria de los Teamsters en Nueva York, Ron Carver, afirmó en rueda de prensa aquí en el país que la agenda oficial de trabajo de Soto, además de los contactos con camioneros de Honduras y Nicaragua, “abusados por Maersk, también incluía reuniones con los trabajadores salvadoreños”.

En aquella misma audiencia inicial, el fiscal Jaime Cruz dijo lo siguiente: “Solo la suegra de Soto sabía que él iba a estar en El Salvador por motivos personales. No podemos decir que un patrón de una empresa podía saber que él estaría en el país”. Por otra parte el mismo Equis me había dicho que la triangulación de la agenda de Soto en los tres países había sido rigurosamente compartimentada. Le comento esa situación a Equis y me responde asi:

— Eso es lo que nos parece sospechoso: ¿por qué ese afán de negar que esa agenda incluía reuniones aquí en el país, cuando nosotros mismos y los Teamsters se lo hemos repetido a los fiscales? Respecto a que solo la suegra sabía de la venida de Gilberto, le comentaré un detalle: el mismo día del asesinato, un hacker penetró en los archivos de las computadoras de Luisa Teresa Lange tenía en  las oficinas del SID en San Salvador. Ahí estaba la agenda.

— ¿Las autoridades salvadoreñas conocen ese detalle?

— Sí. El presidente de la AFL-CIO, John Swenwy, y el presidente de los Teamsters, Jimmy Hoffa, denunciaron ese hecho ante el embajador de El Salvador en Estados Unidos, René León, el 16 de noviembre de 2004, y nos consta que ese embajador lo comunicó de inmediato a las autoridades salvadoreñas.

— ¿Se puede decir que la misión de Gilberto Soto era organizar a los camioneros centroamericanos contra Maersk?

— Sería más adecuado decir que su misión era establecer una coordinación entre trabajadores norteamericanos y centroamericanos que tienen los mismos problemas con esa misma transnacional.     

— ¿Usted cree que se puede responsabilizar a Maersk por el asesinato?

— Lo que puedo afirmar es que hay una cadena de hechos relacionados que las autoridades locales se han negado a investigar. Uno tiene que preguntarse por el motivo de esa negativa.

Un día antes del robo en sus oficinas, el CEAL recibió un correo electrónico anónimo de alguien que decía tener 10 años trabajando para Maersk en el Salvador. Ahí se afirmaba que si bien “Maersk ha respetado las leyes y la dignidad de los trabajadores”, a dos altos ejecutivos de la empresa, uno salvadoreño y otro estadounidense, cuyos nombres cita, no les convenía la presencia de Soto en el país, ya que sus investigaciones podrían dejar al descubierto algunas maniobras ilegales de lucro personal a costa de los trabajadores. El CEAL entrego copias de ese correo a la policía y a la embajada de Estados Unidos.

— ¿Según usted, quién mató a Gilberto Soto?

— No lo sé. Solo puedo decirle que a veces el perro es más bravo que el dueño. O sea, hay quien cree que mordiendo a otro puede agradar a su patrón.

— ¿Aunque el patrón no haya dado la orden?

— Puede ser. Hay que tomar en cuenta el contexto general en el que se asesina a un sindicalista, y aquí estamos en un contexto marcadamente antisindical.

Antes de despedirnos, Equis me dice: “En nuestro país, la defensa del derecho de los trabajadores implica graves riesgos. El hecho mismo de que yo le pida mantener mi nombre en reserva no es un capricho, como usted comprenderá”. 

Lo que me dijo el policía

Un agitado avispero de comandos especiales armados hasta los dientes, y con los rostros cubiertos con pasamontañas, corren de un lado a otro mientras hablan por radio. En el piso del local, 43 hombres de pinta temible, descamisados y tatuados en todo el cuerpo, estaban tumbados boca abajo, esposados en cadena los unos a los otros. Son pandilleros y estaban acusados de por lo menos 37 asesinatos. Los han capturado la noche anterior en una operación relámpago que se prolongó hasta la madrugada. El oficial al mando es Douglas Omar García Funes, jefe de las unidades de élite de la policía. 

Precisamente he venido para hablar con él sobre el caso Soto. Es la mañana del 29 de abril de 2005. Me recibe en una pequeña y austera oficina. De entrada me cuenta algunos detalles de la operación que él mismo comandó en el terreno. “Esta gente es muy mala, quien se les enfrenta se juega la vida. Desgraciadamente hay quienes están más preocupados por los supuestos derechos de estos asesinos que por los riesgos que corremos quienes los combatimos”, me dice.

Creo entender por dónde van los tiros, y le pregunto de modo directo si ya leyó el informe de la PDDH sobre el asesinato de Gilberto Soto. 

— No, pero me imagino lo que dice. Es claro que la señora procuradora no tiene una gran simpatía por nosotros ni por nuestro trabajo —me responde.

García Funes es un hombre de unos 40 años, alto y fornido, que siempre parece estar distendido y casi sonriente. Lo he visto muchas veces dando declaraciones en la televisión, pero la imagen suya que más recuerdo es quizá la única en la que no estaba ni distendido ni casi sonriente: me refiero a la mañana del 16 de noviembre de 2002. En esa ocasión, al frente de un equipo especial se disponía a rescatar a sangre y fuego a dos de sus hombres, que habían sido tomados como rehenes por unos reos peligrosos amotinados en el centro penal de Mariona. 

Cuando ya se aprestaba al asalto, la procuradora de los derechos humanos, Beatrice Alamani de Carrillo, le impidió el paso argumentando que ella negociaría con los reclusos la entrega de los rehenes. García Funes alegaba exasperado que sus dos compañeros estaban siendo torturados en esos precisos momentos. Los noticieros televisivos transmitieron en directo aquél diálogo tenso y a gritos. La procuradora insistía en que ella se haría responsable de la situación y le exigía a García Funes que se retirara. Momentos después, los cuerpos de los dos policías retenidos eran sacados del penal: habían sido asesinados en medio de atroces torturas. 

Impugnada por el hecho, la procuradora dijo a la prensa que su función no consistía en velar por los derechos de los policías sino por los derechos de los reos. Esa frase desafortunada, o por lo menos inoportuna, marcó el punto más alto entre la policía y la PDDH.  

— Para mí es difícil hablar del caso Soto —me dice García Funes—, porque eso ya está politizado, y yo nada más soy un policía. Nosotros hicimos nuestro trabajo, que fue avalado por la fiscalía, y ahora el caso está en manos del juez, ¿qué más le puedo decir yo?

Supe que si encendía mi grabadora no sacaría gran cosa de la entrevista. Se lo dije y le pedí que conversáramos off the record, lo cual aceptó. Él cree que la fortaleza del trabajo policial en ese caso se verá corroborada en los tribunales. Dice que los errores cometidos en la escena del crimen no son de la DECCO sino del 911 de Usulután, y advierte que ese es un problema generalizado en el personal policial no especializado, y que no debe interpretarse como algo con especial dedicatoria al caso Soto.   

Sobre la utilización de las fuentes confidenciales, advierte que en una primera etapa eso es normal en todo proceso investigativo, y subraya que es falso que toda la investigación se haya basado en tales fuentes, y que estas solo pusieron a los investigadores tras la pista. El tema de las torturas que le habrían infligido sus hombres a los imputados simplemente lo indigna, y solo señala que se trata de una afirmación calumniosa y difamatoria “de esa señora procuradora de los derechos humanos de los criminales”.

Le digo que es su palabra contra la de la señora procuradora. Me responde que no, que es un asunto de prueba científica basada en el informe clínico de Medicina Legal, pero que prefiere que eso me lo expliquen en detalle los fiscales y los peritos médicos que realizaron el respectivo examen a los imputados. “Hable con ellos”, me dice, “no me crea a mí, examine los partes médicos y hable con los fiscales”. Le respondo que eso sería lo ideal, pero que debido a que le han impuesto reserva total al caso, ni los fiscales me concederán una entrevista ni podré tener acceso a los partes médicos de Medicina Legal… En todo caso, intuyo que García Funes ya no me dirá nada importante, y decido jugármela utilizando una pequeña argucia para provocarlo e intentar que muerda el anzuelo:

— Oiga —le digo—, la verdad es que considerando toda la información que he recopilado, me cuesta creerle a usted, los errores en la investigación son demasiados y evidentes… No será, oficial, que aunque ustedes no lo digan, esos errores se dan porque, en realidad, la policía no cuenta con recursos ni medios necesarios para fundar sus casos en pruebas científicas, y quizá sea por eso que tienen que ingeniárselas a como dé lugar para sacar su trabajo adelante?

García Funes me mira en silencio, sonríe y se encoge de hombros: “Eso lo ha dicho usted, no yo”, me dice. En esas estamos cuando su celular y su radio comienzan a sonar con insistencia. La conversación ha terminado pero no mis dudas ni mis sospechas. A esas alturas, yo creía los tiros habían venido por el lado de Maersk, pero era una creencia, una intuición, no una certeza basada en pruebas objetivas.