• Diario Digital | domingo, 14 de agosto de 2022
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Sucesos - ¿Quién mató a Gilberto Soto? Quinta entrega

Una Fiscalía en el banquillo del acusado

“Soy una procuradora incómoda, lo sé. Pero no me van a intimidar ni callar con amenazas de muerte, que ya me tienen hasta aburrida con seguimientos y vigilancias pretendidamente encubiertas. Hasta preferiría que me mataran a tiros y morir así, como una mujer plena y atractiva”, dijo Beatrice de Carrillo

Beatrice de Carrillo, exprocuradora   para la Defensa de los Derechos Humanos. Foto AFP.
Beatrice de Carrillo, exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Foto AFP.
Una Fiscalía en el banquillo del acusado

El documento era capaz de pararle los pelos al más entusiasta defensor de la idea de que en El Salvador vivimos en un Estado de derecho. Me refiero al informe especial de 148 páginas sobre el caso Soto, emitido por la PDDH el 13 de enero de 2005.

Y no me refiero al pormenorizado recuento de lo que podrían considerarse simples negligencias y hasta torpezas de fiscales y policías, sino a incidentes realmente escabrosos, como las torturas y los abusos sexuales a que habrían sido sometidos los inculpados, según la PDDH. La lista de anomalías que ese informe denuncia es enorme, al punto que prácticamente ninguna de las actuaciones de los policías y los fiscales era correcta. 

Y yo me preguntaba si en verdad teníamos una Policía y una Fiscalía que persiguen y capturan deliberadamente a inocentes con el propósito de tapar la culpabilidad de personas poderosas. Leído y releído el informe de la PDDH no quedaba más que una respuesta afirmativa. A fin de constatar esa impresión, el día 19 de julio de 2005 fui a conversar con la jefa de la PDDH, doctora Beatrice Alamanni de Carrillo.

Es una mujer imponente por sus firmes convicciones, su suelta gestualidad y verbo fluido. 

— Soy una procuradora incómoda, lo sé. Pero a mí no me van a intimidar ni callar con amenazas de muerte, que ya me tienen hasta aburrida con seguimientos y vigilancias pretendidamente encubiertas. Hasta preferiría que me mataran a tiros y morir así, como una mujer plena y atractiva. Yo no estoy aquí para caerle bien a nadie, mucho menos a funcionarios poderosos. Estoy aquí para defender a los ciudadanos contra posibles abusos del Estado.

— ¿Quién mató a Gilberto Soto, doctora?

— No lo sé. No me corresponde averiguarlo. Eso es lo que deberían hacer los fiscales y los policías, pero ellos se han negado a investigar la hipótesis de que pudo haber sido asesinado por sus actividades sindicales. La investigación que han realizado es tan mala y viciada que, por ello, todo el proceso legal seguido tendría que nulificarse.

— O sea que está usted segura que el caso se le caerá a la Fiscalía. 

— Si se actúa con base a derecho, sí. Las anomalías en todo el proceso son demasiadas y muy graves.

— ¿No es posible interpretar esas anomalías como el resultado de la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos y medios idóneos?

— Que no me vengan a mí con esas excusas, Vergüenza le debería dar decir a Belisario Artiga (fiscal general en ese momento). Cualquiera de sus fiscalitos gana más que yo… Mire ese informe está firmado por mí y lo ratifico plenamente punto por punto —finaliza la doctora de Carrillo, que se disculpa porque debe acudir a una reunión de emergencia.

La defensa de los fiscales

—¿Entonces sí me concederán la entrevista? -le pregunto un tanto incrédulo al Salvador Martínez, jefe de prensa de la Fiscalía General de la República, FGR. El proceso judicial contra los presuntos autores del asesinato de Gilberto Soto estaba bajo reserva. Desde finales de mayo de 2005 se había suspendido toda la información pública sobre su desarrollo.

De hecho, a mí ni siquiera se me había ocurrido gestionar una entrevista con los fiscales. Y debo confesar que esa omisión no se debía tanto a la reserva decretada como a la íntima convicción de que seguramente, incapaces de justificar su actuación, los fiscales preferirían medrar en el silencio. No lograba imaginar de qué manera podrían ellos desmontar la contundente y minuciosa acusación que en su contra lanzaba el informe de la PDDH.  

Pero finalmente hice la gestión de la entrevista aunque solo fuera para que al menos constara el intento. 

—Sí —me confirmó Martínez—, mañana mismo lo atenderá Jaime Cruz, segundo fiscal del caso, y Rodolfo Delgado, jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, UCO.

La cita tuvo lugar el 22 de agosto del 2005. Nunca en mi vida había tenido contacto alguno con la Fiscalía General de la República, y mi imagen mental de los fiscales corresponde un poco a los “men in black” de la famosa película: lentes, trajes y propósitos oscuros permanentemente. Por eso mi segunda sorpresa fue encontrarme con dos muy jóvenes y amables funcionarios cuya actitud me pareció muy franca de entrada. 

Mientras tomaba algunas notas y preparaba la grabadora me preguntaba cómo le harían estos “fiscalitos” para defender lo indefendible.

—¿Se dan cuenta que están ustedes en el banquillo de los acusados? —les dije.

—¿Cómo así?

— La PDDH ha pedido que se les procese penalmente a ustedes dos… Lo que se dice en el informe es muy grave, ¿por qué ustedes no han respondido o aclarado la situación?

— Porque estamos seguros de nuestro trabajo y no nos inquietan los comentarios periféricos. Los únicos que controlan lo actuado por la policía y la fiscalía son los jueces. Como guardianes del Estado de derecho, son ellos quienes determinan quién tiene la razón —dice Rodolfo Delgado.

— Pero hablamos de un sistema judicial cuestionado nacional e internacionalmente.

— Eso es un juicio global. Aquí hablamos de un caso específico y de la actuación de dos instancias determinadas: la DECCO y la UCO. No es gratuito que seamos unidades de élite. Somos gente con experiencia de campo y con formación académica.

  — Aunque leyendo el informe en cuestión uno puede poner esto en duda.

— Ese informe no está basado en la verdad.

—¿Puede usted demostrármelo?

— Por supuesto.

— Veamos si es cierto. Comencemos por los errores cometidos de entrada en la escena del delito. Esto es lo que dice la PDDH: “El manejo de la escena del atentado fue tan extremadamente erróneo que sólo puede explicarse por una casi absoluta falta de capacidad policial, o derivada de la mala fe y la voluntad de permitir que se viciaran las potenciales evidencias”.

— Quien se encargó de la escena del delito fue la policía de Usulután, no la DECCO. Y sí hubo errores. Pero esos errores no impidieron el avance de nuestra investigación. El examen de la escena del delito debe darme el cómo, el cuándo y el dónde, eso se obtiene con una fotografía del lugar. Pero falta lo principal: el quién. En este caso el quién se determinó por la investigación que realizó posteriormente la DECCO. 

— Una investigación basada casi exclusivamente en un abuso de fuentes confidenciales, según el referido informe, y por tanto: “las investigaciones se encuentran fundamentadas en prueba ilícita”, lo que supondría la nulificación del proceso.

— No. La delación anónima es sólo un punto de partida para un investigador, no es suficiente para realizar una acusación en contra de alguien. Esa delación tiene que ser confirmada por otras fuentes de información. Y eso es lo que hicimos. Por ejemplo, teníamos una delación anónima que involucraba a Herbert Ramírez en el asesinato… ¿Cómo se fue confirmando esa delación? En primer lugar por la captura de ese individuo en posesión del arma homicida. Entonces la información anónima que entró al proceso se hace de lado, y ya solo se menciona como una referencia de dónde surgió la sospecha, porque ya se tiene ese elemento de confirmación o prueba de que es el arma homicida. 

— A Herbert Ramírez se le captura tres días después del crimen, pero luego ustedes mismos piden que se le deje en libertad, aún cuando ya existía la sospecha sobre él, ¿por qué?

— Él fue detenido en flagrancia por la policía preventiva de Usulután, por portar un arma sin el permiso correspondiente. Fue una captura circunstancial, no conectada a las investigaciones sobre el caso Soto. Es posteriormente que la DECCO tiene información que esa persona posiblemente estaba conectada al homicidio. Entonces se va a recuperar el expediente judicial en el que constaba el caso por el cual Herbert había sido sobreseído, es decir, un caso por portación ilícita de arma. Fue esa investigación posterior la que determinó que el arma decomisada a Herbert era la misma que se usó en el crimen de Soto. 

En ese momento interviene por primera vez Jaime Cruz: 

— La sospecha sobre Herbert se fundaba en una delación anónima, pero sobre esa base no se puede iniciar ni mantener un proceso judicial. Por eso se pidió el sobreseimiento. Cuando se tuvo un indicio de que el arma que se le decomisó fue la utilizada en el homicidio, se solicitó una experticia balística a la Fiscalía Subregional de Usulután, ya que ésta era parte del proceso penal por portación ilegal de arma. Fue con dicha experticia que se confirmó el indicio que teníamos. 

— ¿Pero por qué no se agregó a la causa judicial la prueba que ligaba al arma y a Herbert al homicidio?

— Ya se tenía la experticia y el informe  —agrega Delgado—, pero se había hecho como anticipo de prueba en aquel proceso penal por portación ilegal de arma. Teniendo como base de investigación algo que efectivamente era certero, no era necesario mandarlo a pedir y agregarlo, sino pedirlo como una diligencia judicial dentro del proceso penal. 

— Ustedes encontraron en casa de Rosa Zelaya, la suegra de Soto, una fotografía en la que estaba arrancada la imagen del sindicalista. Luego alegaron que esa imagen era la que doña Rosa le entregó a Santos Sánchez para que identificara a la víctima. Dijeron que eso era una evidencia. Pero la PDDH afirma que tampoco esa fotografía fue presentada al juez. 

— Es muy raro que digan eso. Cuando pedimos las diligencias de ratificación del secuestro, es decir, cuando llevamos los elementos de prueba al juez, ahí mismo solicitamos que se agregaran al expediente judicial esas diligencias.

—¿Me está diciendo que es falso que esas evidencias, arma y fotos, no se agregaron a la causa judicial? 

— Claro. Eso se puede verificar en el expediente.

— ¿Por qué entonces la PDDH afirma lo contrario?

— Cuando se busca la información con diligencia se encuentra. Pero si se busca esperando no encontrarla, pues entonces se corre el riesgo de terminar diciendo mentiras. 

— Yo no quiero pensar que exista mala fe en la PDDH  —tercia de nuevo Jaime Cruz—. Quizá ellos se confundieron o no supieron manejar el volumen de investigación y de diligencias que se habían realizado de manera previa a la captura de estas personas. Hay que tomar en cuenta que el informe de la PDDH surge después de las detenciones. Porque antes de esas capturas se realizaron una serie de diligencias que tuvieron el control judicial necesario en tribunales distintos a los cuales se presentó eventualmente el requerimiento fiscal en contra de estos acusados. 

Rodolfo Delgado abunda en más detalles: 

— Se lo voy a explicar. El arma fue secuestrada en el proceso penal “X”, pero a mí me interesa que esta arma se compare con los casquillos que fueron encontrados en una escena de delito y que consta en una investigación “Y”. Entonces le pido al juez que lleva la causa “X” que practique una experticia comparativa con esa balística, y ese informe va a constar en el proceso “X” no en “Y”, que es el principal. O sea: el fiscal Cruz que realiza la investigación “Y”, solicita al juez de la causa “X” que remita ese informe y certificación de esas diligencias.

— ¿Por qué se hizo el allanamiento a la casa de doña Rosa Elba sin orden judicial?

— Eso también es falso  —responde Jaime Cruz—. Cuando dimos explicaciones sobre este caso en la Asamblea Legislativa, yo mostré a los señores diputados la orden en la cual se me facultaba para realizar el registro, que se puede pedir en cualquier juzgado de paz competente, y Usulután tiene tres juzgados. No necesariamente el juzgado al que solicito el allanamiento es el del juez que conoce el requerimiento. Entonces, si tengo una solicitud en el Primero de Paz y presento mi requerimiento en el Tercero de Paz, lo que hago después es solicitar ambas diligencias para que sean incorporadas a la causa principal. 

— Pero seguro que todo eso lo saben los jurídicos de la PDDH, entonces no entiendo…

— Quizá les faltó diligencia para obtener la información  —agrega Jaime Cruz—. Mire, en ese momento el caso no tenía reserva y estuvieron tres agentes de la PDDH en la audiencia inicial. Ahí hablamos del registro y allanamiento, hicimos referencia a lo que se encontró  y solicitamos que se agregaran esas diligencias a la causa principal. No sé si ellos no lo escucharon o no pusieron atención… Pero eso ya no es nuestro problema.

— ¿Todo eso consta en el expediente judicial?

— Todo.

— ¿Puedo tener acceso a ese expediente para verificar lo que está diciendo?

— Puede hacerlo en el momento en que el juez levante la reserva del caso.

— ¿Por qué no hubo reconocimiento de los presuntos asesinos por parte de los testigos presenciales?

—Sí hubo. El custodio del centro penal reconoció a Santos Sánchez. 

— Pero Luis Guzmán se negó a efectuar el reconocimiento y dijo que él no sabía nada del caso, que la policía lo había torturado y que ustedes le dieron un papel para que se lo aprendiera, y ese papel era su confesión extrajudicial…

— Mire, ahí lo que sucedió, y eso es lo que él nos ha dicho y lo que explicará en el juicio, es que él tuvo miedo en ese momento porque lo habían amenazado de muerte a él y a su familia si se mantenía en su dicho. Él ahora ha reflexionado y sigue siendo nuestro testigo. Hubo otros testigos que también se negaron a efectuar los reconocimientos por las mismas causas. Nosotros intentamos persuadirlos para que lo hicieran, pero no los podemos obligar.  

— Luis Guzmán y Wilson Rivera delataron a los otros imputados, y a cambio ustedes les ofrecieron su libertad. ¿Por qué entonces siguen detenidos en bartolina? La PDDH afirma que ellos tienen derecho a su libertad, y señala el hecho como otra irregularidad.

— Ellos tendrán derecho a su libertad en forma total cuando cumplan a cabalidad su colaboración para la investigación. Ahí hay otro error de la PDDH. No se trata de que a un imputado se le dé criterio de oportunidad y se va a ir así nomás para su casa, dejándonos a nosotros a medio camino con la investigación. Se trata de un beneficio a cambio de colaboración, o sea: el ejercicio de la acción penal queda en suspenso hasta que se verifica la colaboración de parte del criteriado. Ahora estos dos señores están sujetos a medidas cautelares. Si los sobreseemos definitivamente y los soltamos, ¿qué pasa si a la hora de declarar se retractan?, pues ya no podríamos hacer nada porque ya estarían sobreseídos definitivamente.

— En la versión de ustedes el seguro de vida de Gilberto Soto es de 250 mil dólares. En realidad es sólo de 50 mil…

— Lo de los 250 mil es lo que declaró Luis Guzmán, eso es lo él oyó decir a Rosa Zelaya, o lo que él cree haber oído, es su percepción. Ahora bien, el seguro de 50 mil es el de su trabajo con los Teamsters, pero no sabemos aún si tenía contratado otro seguro en forma particular. Eso aún lo estamos averiguando. Recuerde, aún estamos en etapa de recolección de pruebas.

— ¿Por qué se han negado ustedes a investigar la hipótesis relacionada al trabajo sindical de Soto? 

— No nos negamos a investigar esa línea. Tratamos de agotar todas las hipótesis. En primer lugar nos propusimos la identificación de los autores materiales del crimen. Partiendo de éstos es que hemos ido conformando la hipótesis familiar que se ha confirmado en este caso. Pero sí realizaremos una investigación sobre la agenda de trabajo de la víctima, que implicaba conocer su entorno laboral y sus relaciones políticas. Conocimos y entrevistamos a las personas que en el auge de este caso comenzaron a formular hipótesis sin tener ningún respaldo para poder presentarnos algún indicio a nosotros como fiscalía. Cuando nos abocamos a estas personas nos topamos con un callejón sin salida. Ellos formulaban sus hipótesis en base a rumores escuchados en ese mismo ambiente en que ellos se mueven, pero no tenían ningún tipo de confirmación para poder presentar un caso judicial.

— Veamos ahora un punto delicado: las torturas y el abuso sexual contra los imputados.

Rodolfo Delgado es categórico en este punto:  

— El Instituto de Medicina Legal hizo los exámenes médicos pertinentes a los detenidos y ahí no se reveló nada que pudiera interpretarse como tortura o abuso sexual. Ahí están los partes médicos. Sí se presentaron en Herbert y en Santos algunas laceraciones leves curables en cinco y ocho días, según el parte, pero es que ellos al momento de la captura intentaron darse a la fuga y hubo forcejeos. En esas circunstancias es razonable que se puedan producir algunos golpes y raspones, pero no provocados por los captores sino ocasionados en la acción misma del intento de fuga.

— Pero Santos denunció que le habían introducido un palo en el ano… 

Rodolfo Delgado: 

— En el parte de Medicina Legal no hay nada que indique que eso sea cierto. Por el contrario esa prueba científica lo que  hace es descartar completamente esa posibilidad. En el caso de Santos Ayala el parte dice lo siguiente: “A nivel paragenital en el cuadrante superior interno del glúteo izquierdo hay cuatro leves escoriaciones, como en rastrillo de 0.3 centímetros de diámetro cada uno. A nivel general en el ano, no hay cicatrices ni laceraciones, no edemas ni hiperemias”. 

Y agrega Delgado:

— En el caso de Herbert, el parte dice: “Región paragenital: no hay señales de violencia física. Área genital: ano, no se observan laceraciones ni desgarros recientes ni antiguos”…  ¿Entonces? Más claro ni el agua. 

— Tengo otra curiosidad. ¿Qué ha pasado o pasará con Elba Maritza, la esposa de Gilberto Soto? 

— Tenemos una sospecha contra ella, pero no hemos podido establecer algo objetivo que la vincule. Ella reside en Estados Unidos, hemos intentado comunicarnos con ella y no hemos podido contactarla. Pero aún estamos en recolección de pruebas. 

— ¿Por qué se decretó reserva sobre el caso?

— Inicialmente las diligencias estuvieron a disposición de las personas que quisieran examinarlas, precisamente porque no teníamos nada que ocultar. ¿Pero qué generó eso?, que se realizara una investigación difamatoria en contra de la Fiscalía y la Policía, y ello a su vez ha creado falsas expectativas a medio mundo, sobre un caso en el que nosotros sostenemos nuestra hipótesis con miras a comprobarla. 

— ¿Entonces ustedes no creen que el caso se va a anular por estar fundado en prueba ilícita y en una larga cadena de irregularidades? ¿Esa profecía no se va a cumplir? 

— Nosotros como fiscalía formamos parte de un sistema: la policía investiga, nosotros supervisamos a la policía; posteriormente, cuando la fiscalía considera que la investigación ha concluido emitimos dictamen de detención administrativa. Entonces el caso pasa a los tribunales y viene e otro control: el control judicial que ejerce el juez y el mismo defensor sobre lo actuado por la policía y la fiscalía. Si un defensor hubiera advertido cualquier nulidad, la hubiera alegado al momento de la audiencia inicial con miras a exonerar a los imputados. 

— Pero una defensora sí alegó que los objetos secuestrados en el allanamiento realizado en la vivienda de doña Rosa no habían sido puestos a disposición de la jueza y por tanto no podían valorarse. 

— ¿Cree usted que un juez, con el riesgo de ser procesado por prevaricato, hubiera resuelto algo contra la ley? Todas nuestras diligencias previas realizadas en la etapa policial fueron comprobadas judicialmente, y pasaron a otra etapa precisamente porque el juez de paz no advirtió ningún tipo de nulidad. Si no hubiera sido así, el sistema mismo hubiera bloqueado y expulsado la investigación.

— Yo he escuchado por ahí la posibilidad de que al menos uno de los criteriados se retracte, ¿qué pasaría si eso sucede? 

— Esperemos que eso no suceda. Pero le voy a decir algo que nadie sabe aún: nosotros enjuiciaremos a dos jurídicos de la PDDH que le ofrecieron a Luis Guzmán, nuestro testigo principal, sacarlo del país hacia Canadá, Estados Unidos o Australia, si se retractaba. 

— Lo que me está diciendo es gravísimo. ¿Tienen ustedes prueba de esa acusación? 

— Sí, tenemos prueba, por eso procederemos a juicio.

A estas alturas yo ya no sabía qué pensar en realidad. Si lo que los fiscales estaban diciendo era verdad, entonces, al menos para mí, todo lo dicho por la PDDH se derrumbaba. Además, los fiscales estaban advertidos que yo publicaría todo lo que me dijeron, tal como en efecto lo hice a los pocos días; es decir, ellos se estaban comprometiendo públicamente a una cuestión muy delicada: probar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos había intentado sobornar a uno de los testigos claves.

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