El abogado de la joven universitaria Wendy Morales, quien se encuentra en una bartolina de Osicala, Morazán, esperando ser juzgada por el delito de extorsión, ha solicitado al juez a cargo del caso que incluya en su proceso varias pruebas claves que demuestran la inocencia de la acusada y que los representantes de la Fiscalía General de la República han obviado.

Denis Muñoz, su defensor, dijo a El Salvador Times que desde antes de que se presentara el requerimiento se le pidió al juez un peritaje para que se analizara la firma del documento que supuestamente fue validado por la joven activista.

El ministerio público ha comunicado que tiene en su poder el documento en el que se establece que Morales se identificó con su número de Documento Único de Identidad (DUI), para retirar los $150 producto de la extorsión en una sucursal de Tigo Money.

Sin embargo, para la defensa el hecho que se tenga dicho documento es una prueba débil, "ya que como le ocurre a muchas personas en el país, Morales extravió su DUI el mismo año en que se cometió el ilícito".

“No basta con tener el DUI sino que también debería aparecer su firma, pues eso no prueba que fue ella quien retiro el dinero ”, sentenció Muñoz, quien también es miembro de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.

Otra prueba que la defensa solicita es que se presente el contrato que demuestra que Morales es la propietaria del número telefónico involucrado en el caso. Algo que, según su abogado, no existe.

“Ese número nunca ha estado a nombre de ella, pues fue adquirido en una promoción de 'dúo pack´”, asevera Muñoz.

La defensa de Morales también ha solicitado al juez que se ubique el paradero actual del número atribuido al delito y con el cual se cometió la extorsión. “Al momento de su captura los agentes buscaban el teléfono con ese número y no lo encontraron porque no lo tiene desde 2012”, recalcó Muñoz.

Asimismo se ha pedido un informe sobre los movimientos del chip del teléfono, el cual puede ser detectado a través de tecnología GPS, algo que se puede contrastar con la agenda de actividades que ella ha tenido durante los últimos dos años.

Otra prueba solicitada es el registro de cámaras de seguridad del centro comercial Plaza Mundo de fecha 10 de abril de 2014, las cuales servirían para comprobar quiénes estuvieron presentes en las instalaciones de la compañía telefónica el día que se realizó la transacción monetaria.

“Ella ni siquiera conoce Plaza Mundo, por eso actúa con solvencia moral, porque está segura que en la nota de recibido no aparecerá su nombre”, reafirma su abogado, quien advierte que el registro de videos pudo haber sido borrado por el tiempo en el que las grabaciones se almacenan en la videoteca del centro comercial.

Sobre la situación actual de Morales, Muñoz reitera que su detención en las bartolinas de la PNC en Osicala vulnera su integridad física y mental. Esto pese a que se ha demostrado que existen suficientes arraigos para procesarla en libertad.

“A ella no le convendría fugarse porque eso implicaría que sopesaría en su contra una orden de captura, y no va echar a perder su vida por esos $150”, subraya Muñoz, quien agrega que su defendida no tiene el perfil de ser miembro de maras.

Fiscales a cargo del caso han presentado las pruebas pertinentes al Juzgado de Paz de Osicala, quien para este día tiene previsto realizar la audiencia especial para revisión de medidas y donde se pretende que Morales quede en libertad.

Las pruebas del caso no han sido conocidas en su totalidad por la defensa ya que los fiscales han entregado un sobre sellado al cual no se podrá tener acceso hasta que se desarrolle la audiencia de Instrucción.

Morales es la única procesada por este caso, pese a que en las investigaciones se hace constar que un hombre fue quien habló con la víctima para extorsionarla con $500 a cambio de no atentar contra su vida. Posterior a una negociación se determinó el pago de $150 que supuestamente fueron cobrados por Morales.

Consecuencias de perder un celular

Muñoz hizo ver que este caso deja una lección a la población en general, ya que cuando se extravía un celular o un chip tiene que darse aviso a la Policía para evitar caer en una situación de este tipo.

“Se debe de reportar como robado no solo en la compañía de teléfono sino ante las autoridades”, señaló el abogado, ya que en caso contrario se deja abierta la posibilidad que al ser reasignado el número se comience a cometer ilícitos desde él.

Hoy día la situación se empeora debido a aplicaciones como el Whatsapp, ya que puede ser que se pierda el chip pero el programa de mensajería queda activo y cuando se vuelve a asignar el número éste regresa con los datos de su anterior propietario.

Muñoz insiste en que la denuncia se tiene que interponer incluso si el chip no está a nombre propio, para que siempre quede registro porque alguien lo puede retomar para un depósito o hacer llamadas para cometer extorsiones.