Juzgado decreta detención contra distribuidor de drogas del paseo El Carmen de Santa Tecla
La audiencia inicial se realizó a las 11:00 de la mañana del martes en el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador
La audiencia inicial se realizó a las 11:00 de la mañana del martes en el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador
De acuerdo con el TEG, el juez Fernando Vásquez Martínez permitió a una persona utilizar el vehículo que se les asigna a los jueces de parte del Estado, que se paga con fondos públicos, violando el artículo cinco de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Rauda y Hernández hicieron mal uso de los fondos que se recolectan a través de las tiendas institucionales en los centros penales, donde usaban el dinero para pagar a empleados de la institución.
Roberto Rodríguez, una de las personas que sirvió de testigo en ambos casos, señaló a Meléndez de presionarlo y “torturarlo” para que dijera cosas que no le constaban pero que iban a servir para incriminar, así lo dijo su abogado a la salida de la institución.
En la fotografía con la que la Fiscalía acompañó la publicación se puede observar cinco vehículos, cuatro de ellos tipo pick up de doble cabina y un microbús, todos de años recientes. La FGR agregó que los bienes pasarán a disposición del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
Se trata de una estructura delincuencial que se encargaba de contratar jóvenes como domésticas para luego casarlas, y luego asesinar a sus esposos y cobrar el seguro de vida
Al comprobársele su culpabilidad, el abusador fue condenado a más de 26 años de prisión
La defensa de la exprimera Dama había solicitado un juicio abreviado; es decir: confesar que cometió el delito de lavado de dinero a cambio de no ir a la cárcel, pero la Fiscalía dijo que no podía aceptar mientras no se devolvieran los $17 millones que se le acusan de haber lavado.
Se espera que el Tribunal realice el juicio en contra de uno de los cuatro pandilleros en agosto de 2019.
La imputada cometió los hechos entre los años 2012 a 2013, periodo en el que llevaba a la afectada hasta el centro comercial y la entregaba a “sus clientes”, quienes les pagaban $70 y $80 a cambio de los servicios sexuales.