Kury fue asesinado el 26 de abril de 2018 frente a la entrada de la sede departamental del PCN en San Salvador, ubicada en la colonia Las Mercedes. Allí llegaron tres sujetos en un vehículo. Uno de ellos, vestido de negro, se le acercó a la víctima y le disparó varias veces. Otro cómplice prestaba vigilancia y el otro conducía el vehículo.

Walter Alexander López Amaya, alias "Cazador", fue declarado culpable de casos especiales de lavado de dinero y activos luego de un juicio en el que la Fiscalía demostró su pertenencia a la pandilla y su involucramiento en los hechos.

Las investigaciones de la FGR detallan que a partir de septiembre de 2019, uno de los acusados se desempeñaba como gerente general de la empresa y habría comenzado a contratar personal de su confianza con la finalidad de colocarlo en puestos importantes y lograr así el control total de la empresa.

Juan Carlos Mendoza Rivera, alias "Shreck", operaba con el Barrio 18 en colonias del sur de San Salvador. Fue declarado culpable de tres homicidios perpetrados entre 2010 y 2011, así como de la planificación del asesinato de un militar.

Los hechos tuvieron lugar el 2 de diciembre del año 2013, en el barrio El Centro, del ahora distrito Santa Cruz Michapa, de Cuscatlán, donde las víctimas asistieron a una vela en un territorio que era controlado por la pandilla contraria.

El exagente disparó a una persona y la mató durante una persecución.

Los billetes fueron examinados y dieron positivo a residuos de cocaína y éxtasis a través del Ion Scan, aseguró la Fiscalía. Ambos enfrentan un proceso penal por tráfico ilícito de drogas y casos especiales de lavado de dinero.

El acusado huyó del país rumbo a Estados Unidos de forma irregular y fue deportado desde ese país a El Salvador, donde fue detenido por la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales de la Policía, que lo entregará a los juzgados.

El condenado es Luis Adán Núñez, quien intentó matar a la víctima, Elsa Carolina Menjívar, el 15 de agosto de 2022 cuando la mujer salía de su trabajo en el departamento de Chalatenango.

El condenado logró mantener calladas a las víctimas bajo las amenazas de bajar sus calificaciones, no recomendarlos para becas educativas y desprestigiarlos para no ser aceptados en otras instituciones.