El imputado fue detenido en agosto de 2021 en Aguilares bajo difusión roja de la Interpol. Las autoridades salvadoreñas determinaron que no tiene procesos pendientes con la justicia nacional y ordenaron su extradición.

Está acusado de un feminicidio agravado y de un homicidio agravado por las dos víctimas mortales. También está imputado por el delito de otras agresiones sexuales. Tras un peritaje psiquiátrico, se determinó que tuvo plena conciencia de sus actos.

El exagente policial integró una banda de asesinos a sueldo que era conformada por civiles y pandilleros. El grupo criminal cometió al menos 39 asesinatos desde el año 2017 en la zona oriental del país.

El Juzgado de Sentencia de Chalatenango le impuso 42 años y ocho meses de cárcel por sus crímenes. El año pasado, su compañera de vida fue condenada por complicidad a 25 años y nueve meses de prisión.

La imputada llamó a las autoridades para darles aviso de la supuesta desaparición de su pareja. La Policía encontró el cadáver del hombre enterrado en el patio de su casa.

Al exministro de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública le detectaron 12 irregularidades en sus declaraciones de patrimonio, así como un incremento patrimonial que no pudo justificar.

Cobraban entre $3,500 y hasta $15,000, y también pedían propiedades y otros bienes, a cambio de llevar a las víctimas de forma irregular a los Estados Unidos. La Fiscalía involucra en la banda a dos policías, un exconcejal y una abogada.

Martínez está acusado de enriquecimiento ilícito por más de $71,000 durante su gestión como fiscal general de la República de 2012 a 2015.

Ricardo Arturo Roque Baires habría incluido información falsa en una oferta para que una empresa, de la que es el representante legal, pudiera ganar una licitación pública para un proyecto de la alcaldía soyapaneca.

Las recriminaciones a su esposa provocaron que el condenado se bajara de la moto y empezara a discutir con el otro hombre. Luego sacó un arma de fuego y le disparó en el estómago a la víctima.