La Policía atribuyó esta actividad de narcomenudeo al financiamiento de otras actividades ilícitas.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, identificó al detenido como Rosali Reyes Cárcamo, quien fue capturado en el municipio de Pasaquina, departamento de La Unión.
Según la investigación de la FGR, Héctor Ernesto Vides Hernández trabajaba como técnico del Centro de Atención y Administración de Subsidios (Cenade) y tomaba el dinero de los beneficiarios y se lo remitía a su cómplice. Esta luego lo depositaba en una cuenta bancaria.
Otros seis exfuncionarios de la administración Funes no se sometieron al proceso abreviado, en su mayoría porque se encuentran ausentes, fuera del país, en calidad de prófugos de la justicia.
Un agente encubierto de la Policía se hizo pasar como víctima de extorsión. Fue amenazado con que si no daba $400 iban a asesinar a su familia. El policía entregó recortes de papel en lugar de billetes y al consumarse la extorsión capturaron a los sospechosos.
La Fiscalía señala que Romero tuvo ingresos sin justificar por $1,162,388.05. Solicitó a la Asamblea Legislativa que le retire el fuero constitucional al legislador para llevarlo a los tribunales.