La víctima intentaba cruzar la calle sobre el kilómetro 95.5 del bypass que de Ahuachapán conduce a Santa Ana.

El paisaje de la frontera se ve ahora salpicado de montones de ropa, mochilas y, desgarradoramente, perros desamparados.

Una de las acusadas trabajaba en un banco en donde emitió tarjetas de débito vinculadas a las cuentas de varios clientes y nunca las entregó. Por el contrario, usaron las tarjetas para hacer transacciones en La Unión y San Miguel. 

La víctima fue atacada con un arma blanca por otros hombres con quienes que compartía bebidas embriagantes. Los hombres, en estado de ebriedad, habrían comenzado una discusión que desencadenó en el homicidio. 

Alvarado no fue víctima de ningún delito y fue encontrado sano y salvo.

Ella aseguró que nunca realizó ese trámite y no conoce a las personas a quienes se les transfirió su dinero.

El crimen contra el uniformado ocurrió en 2017. 

También son señalados de seis casos de extorsión donde exigían entre $100 y $600.

Las propiedades fueron financiadas presuntamente con dinero de extorsión y tráfico de drogas.

Las multas a los transportistas se impusieron desde el 24 de agosto en que se dio la segunda fase de reapertura económica al país.