El imputado deberá permanecer en prisión preventiva mientras se realiza el resto del proceso en su contra. 

Los hechos ocurrieron entre el 2016 y 2017. 

Las personas que no poseen esos medios de transporte tienen que cancelar a los pandilleros entre $5 y $10 por vivienda, un servicio de vigilancia que es disfrazada como extorsión.

Los terroristas exigían $1,000 bajo amenazas de asesinarlos si no les pagaban.

El hospital presionó a los padres para que no lo denunciaran. 

Cuestionan que no se esté cumpliendo por lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional.

El expresidente fue inhabilitado 10 años para ejercer cualquier cargo público.

El padre tenía problemas económicos por haberse quedado desempleado.

"Estamos entrando a un período a partir del sábado en donde ya no podemos obtener créditos... definitivamente las municipalidades quedan atadas para gestionar instrumentos financieros", expresó Álvarez.

El arresto tuvo lugar en Quezaltepeque, en septiembre de 2019.