Detrás del majestuoso pórtico amarillo del Palacio de Justicia de la época colonial en la ciudad de Ho Chi Minh, una promotora inmobiliaria vietnamita de 67 años fue condenada a muerte este jueves 11 de abril por saquear uno de los bancos más grandes del país durante un período de 11 años.

Es un veredicto poco común: es una de las pocas mujeres en Vietnam condenadas a muerte por un delito de cuello blanco.

La decisión es un reflejo de la vertiginosa magnitud del fraude.

Truong My Lan fue condenada por solicitar préstamos por valor de $44,000 millones del Saigon Commercial Bank (SCB).

El veredicto exige que devuelva $27,000 millones, una suma que, según los fiscales, tal vez nunca se recupere.

Algunos creen que la pena de muerte es la manera que tiene el tribunal de presionarla para devolver algunos de los miles de millones que faltan.

Las autoridades comunistas, habitualmente reservadas, fueron inusualmente francas sobre este caso, dando detalles minuciosos a los medios.

Dijeron que 2,700 personas fueron citadas a declarar y que 10 fiscales estatales y alrededor de 200 abogados estuvieron involucrados.

Las pruebas estaban en 104 cajas que pesaban un total de seis toneladas. Ochenta y cinco acusados fueron juzgados con Truong My Lan, quien negó los cargos.

"Creo que nunca ha habido un espectáculo legal como este en la era comunista", dice David Brown, un funcionario retirado del Departamento de Estado de Estados Unidos con una larga experiencia en Vietnam. "Ciertamente no ha habido nada de esta escala".

El juicio fue el capítulo más dramático hasta el momento de la campaña anticorrupción, llamada "Horno Ardiente", que encabeza el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.

Nguyen Phu Trong, un ideólogo conservador inmerso en la teoría marxista, cree que la indignación popular por la corrupción desenfrenada plantea una amenaza existencial al monopolio del poder del Partido Comunista.

Comenzó la campaña en 2016 después de superar a su rival, el entonces primer ministro proempresarial, para conservar el puesto más alto del partido.

Como parte de la campaña, dos presidentes y dos viceprimer ministros han sido obligados a dimitir y cientos de funcionarios han sido disciplinados o encarcelados.

Ahora una de las mujeres más ricas del país se unió a la lista.