Estados Unidos lanza ultimátum: “Salgan ahora o serán deportados”, tras clausurar el TPS para más de una decena de países
El mensaje que acompaña al gráfico es tajante y directo: para todas aquellas personas cuyo amparo humanitario haya concluido, la instrucción es "Salgan ahora o serán deportados". Esta publicación representa un paso drástico en la estrategia de la administración para desmantelar de forma definitiva las protecciones que durante años beneficiaron a miles de extranjeros.
El cuadro difundido por las autoridades migratorias incluye a trece naciones que han perdido de manera formal esta condición legal. Entre los países de América Latina afectados destacan Venezuela, Honduras y Nicaragua, mientras que el resto del listado lo componen Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Sudán del Sur, Birmania (Myanmar), Somalia y Etiopía.
En el caso particular de Etiopía, la documentación interna hace referencia a resoluciones de jueces federales que han demorado temporalmente la aplicación total, pero la postura del gobierno central se mantiene inalterable respecto al cese programado de los beneficios laborales y de residencia provisional.
La razón detrás de la publicación de este cuadro el pasado 14 de agosto responde a una serie de plazos legales clave y fallos judiciales determinantes. La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió decisiones favorables al Ejecutivo que permitieron levantar las suspensiones jurídicas interpuestas por organizaciones civiles, validando la conclusión inmediata de los programas. Precisamente, a mediados de agosto entró en vigor la terminación formal de la vigencia del amparo para varias de estas nacionalidades, luego de que se disolvieran las medidas cautelares en cortes de distrito. De igual manera, múltiples designaciones vieron expirar su protección en semanas recientes, lo que obligó al DHS a unificar las alertas para ejecutar los retornos forzosos.
Respecto a las fechas límite de salida, el cronograma varía de manera estricta según el desglose de cada país. Por ejemplo, las protecciones para Siria y Haití registraron su finalización formal el pasado 27 de julio de 2026 tras el aval del máximo tribunal, mientras que para Honduras y Nicaragua los plazos de salida forzosa se han activado tras agotarse las prórrogas previas. En el caso de Venezuela, aunque un grupo bajo extensiones técnicas mantiene vigencia límite hasta octubre de 2026, el grueso de los amparados bajo los registros previos (como la designación de 2021) vio concluidos sus beneficios, lo que los sitúa en un estatus de vulnerabilidad inmediata.
Frente a la inminente pérdida de derechos laborales, diversos bufetes de abogados de inmigración recomiendan agotar las vías alternas disponibles antes de la ejecución de una orden de remoción. Entre los recursos legales sugeridos se encuentra el Ajuste de Estatus para quienes posean peticiones familiares o de empleo cualificadas, la evaluación rigurosa de solicitudes de asilo pendientes o la petición de un cierre administrativo del caso ante un juez de inmigración. La asesoría personalizada se vuelve imperativa debido a que las condiciones individuales pueden exceptuar temporalmente a un ciudadano de la repatriación forzosa.
Finalmente, las autoridades federales buscan promover de manera prioritaria el programa de salida voluntaria incentivada. Este mecanismo opera bajo la condición de que el extranjero acepte abandonar el territorio estadounidense por medios propios a cambio de asistencia económica para el reasentamiento y la cobertura de los pasajes aéreos hacia su nación de origen. El DHS ha enfatizado que acogerse a esta modalidad evita las penalizaciones severas asociadas con una deportación formal, tales como la prohibición de ingreso a los Estados Unidos por lapsos de cinco a veinte años, advirtiendo que la permanencia irregular extendida derivará en detenciones inmediatas.