Por ejemplo, cuando el gobierno pavimentaba carreteras remotas del país en nombre del bienestar público, el objetivo oculto era facilitar el traslado de cocaína.

Las fuerzas de seguridad que debían encargarse de combatir el crimen en realidad protegían los transportes de droga dirigida a Estados Unidos.

En el Congreso había quienes, en lugar de escribir las leyes, contribuían a quebrarlas.

Las elecciones que se realizaban desde el nivel municipal hasta el presidencial no solo se definían por votos, sino también por dinero del narco.

Y Hernández, quien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 se mostró como aliado de Estados Unidos, hablaba en privado de meter droga en las narices de "los gringos", siempre de acuerdo con testimonios vertidos en el juicio.

Si bien el exmandatario rechazó los tres cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas para ese delito, e incluso subió al estrado de una corte federal de Nueva York a defenderse esta semana, el jurado decidió unánimemente que la evidencia mostrada por el gobierno de Estados Unidos era suficiente para declararlo culpable.

A los 55 años de edad, Hernández es el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en Estados Unidos desde el panameño Manuel Noriega en 1992 y aguarda ahora una sentencia que podría llegar a cadena perpetua.

Está previsto que la pena sea dictada el 26 de junio por el juez Kevin Castel.

Lejos de ser un caso más de drogas en los tribunales estadounidenses, este juicio que acaba de concluir supone una radiografía especial de lo que los fiscales definieron como un "narcoestado" funcionando en América Latina en pleno siglo XXI.

"A todos"

El narcotráfico comenzó a extender sus tentáculos en Honduras mucho antes de que Hernández llegara al poder.

Expertos señalan que la cocaína procedente de Colombia ya cruzaba el territorio hondureño rumbo a Estados Unidos en la década de los setenta.

Pero la república centroamericana se volvió una pieza clave en el negocio de la droga a partir de los años noventa.

El crimen organizado infiltró distintas instituciones y la violencia se disparó hasta convertir a Honduras en el país con la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.

Fue en este contexto que, según Estados Unidos, Hernández empezó a participar alrededor de 2004 en una conspiración "corrupta y violenta" de tráfico de drogas con la que obtuvo millones de dólares para ascender a la cima del poder hondureño.

JOH, como también es conocido el exmandatario por sus iniciales, "abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, con el fin de enriquecerse y de forma corrupta alcanzar y mantener el poder", señala la acusación.

Agrega que en ese proceso Hernández "corrompió las instituciones legítimas de Honduras", incluidas partes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Congreso.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, sostuvo al conocerse el veredicto este viernes que en el gobierno de Hernández "se permitía a los narcotraficantes violentos operar con virtual impunidad, y los pueblos de Honduras y Estados Unidos se vieron obligados a sufrir las consecuencias".

Para demostrar todo esto en el juicio que comenzó el 20 de febrero en Manhattan, la fiscalía estadounidense presentó una docena de testigos y pruebas materiales.

Algunos de esos testigos están presos en Estados Unidos por narcotráfico y colaboraron con las autoridades en procura de aliviar sus propias condenas.

Pero coincidieron en algo: dijeron bajo juramento haber sobornado a JOH y a otros políticos hondureños para proteger sus negocios.

Fabio Lobo, quien es hijo del expresidente hondureño Porfirio "Pepe" Lobo y cumple una pena de 24 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, testificó que entregó dinero a Hernández y que su propio padre recibió pagos del cartel local Los Cachiros.

Predecesor de JOH en la presidencia hondureña entre 2010 y 2014 por el conservador Partido Nacional de ambos, Lobo rechazó de inmediato desde Tegucigalpa la afirmación de su hijo, a quien aludió como "uno más de estos delincuentes que habla tonteras allá" en Estados Unidos.

Otros políticos hondureños salpicados en el juicio también han negado tener vínculos con el tráfico ilícito de drogas.

Pero una señal del grado de penetración de los narcos en la política de Honduras la dio el propio Hernández cuando subió al estrado el martes buscando librarse de los cargos en su contra y el fiscal le preguntó si los traficantes tenían candidatos de su preferencia.

"Apoyan a todos", respondió el expresidente. "O al menos tratan".

Por tierra, aire y mar

Distintos narcos testificaron haber contribuido a las conquistas electorales de Hernández con sobornos.

Alexander Ardón, otro hondureño que está preso en Estados Unidos por narcotráfico, dijo que financió campañas de Porfirio Lobo y de JOH, además de haber comprado votos para ser él mismo alcalde de El Paraíso, un municipio del departamento de Copán limítrofe con Guatemala.

El exalcalde relató que entregó $2 millones a Lobo antes de las elecciones de 2009 y, en una reunión entre ambos donde también participó Hernández, les formuló tres pedidos: estar a salvo de investigaciones de fiscales, un empleo público para su hermano Hugo y mejoras en las carreteras de su municipio para agilizar el pasaje de la cocaína hacia Guatemala.

Poco después, Lobo fue electo presidente, el entonces diputado JOH pasó a presidir el Congreso Nacional y a Hugo Ardón lo nombraron jefe de la agencia estatal encargada de las carreteras en Honduras, desde la cual dio contratos a empresas que lavaban dinero del narco, según la acusación.

Alexander Ardón también logró que un policía de su confianza en Copán, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, fuera nombrado jefe de la Policía Nacional hondureña para proteger sus negocios.

Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, otro expolicía hondureño que colaboró con Ardón y es primo de JOH, eran coacusados en este caso y se declararon culpables justo antes del juicio al expresidente.

Ardón calculó que con la ayuda del poder hondureño movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína.

Dijo que lo hizo asociado con narcos como Tony Hernández, un exdiputado hermano de JOH, y Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en Estados Unidos.

La droga solía viajar en camiones cargados con hasta 1.5 toneladas desde San Pedro Sula a la frontera con Guatemala, rumbo a Estados Unidos, protegida con fusiles de asalto y hasta bazucas en zonas montañosas.

También pasaba por aire y mar: el cartel de Sinaloa usó pistas de aterrizaje y el estratégico Puerto Cortés en la costa atlántica sobornando funcionarios allí, de acuerdo con el testimonio de otro exmiembro de esa organización presentado con el seudónimo de Luis Pérez.

Exconvicto de origen colombiano, Pérez dijo que aportó $2.4 millones a la campaña para que Hernández alcanzara la presidencia de Honduras en 2013.

Ardón, por su lado, sostuvo que "El Chapo" entregó $1 millón a la misma campaña a través de Tony Hernández.

"Mi socio"

JOH gobernó Honduras durante dos mandatos consecutivos, pese a que la Constitución del país prohibía la reelección presidencial.

Un tribunal judicial de mayoría oficialista le permitió postularse nuevamente en unas elecciones de 2017 plagadas de irregularidades, que desataron protestas masivas con varios muertos cuando el presidente fue declarado ganador.

Hernández gobernó hasta enero de 2022 y, tan solo 19 días después que lo sucediera la actual presidenta hondureña, la izquierdista Xiomara Castro, fue detenido en su casa de Tegucigalpa y extraditado a Nueva York para ser juzgado.

Tras escuchar el veredicto de culpabilidad, JOH volvió a rechazar los cargos. "Soy inocente", aseguró el exmandatario a los presentes en la corte, incluidos algunos familiares suyos. "Díganselo al mundo".

Su defensa anticipó que prevén apelar.

Durante el juicio, Hernández y sus abogados buscaron descalificar a los testigos cooperantes como "mentirosos profesionales" que buscaban vengarse porque su gobierno los persiguió, diciendo lo que los fiscales querían para beneficiarse ellos mismos.

El expresidente presentó como testigos a su favor a tres generales hondureños que hablaron de su labor durante el gobierno de JOH y las medidas de seguridad tomadas.

Pero también hubo testimonios contra Hernández de personas libres de cargos, como un excontador de una arrocera hondureña presentado con el nombre ficticio de José Sánchez.

Este testigo protegido del gobierno de Estados Unidos dijo que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez en Honduras.

"Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices", le dijo JOH a ese narco según el relato de Sánchez.

No está claro cuándo exactamente Hernández comenzó a caer de la estructura de poder que dominaba.

Pero un momento clave fue el juicio a su hermano Tony en 2019 y a Fuentes Ramírez en 2021, cuando surgió evidencia que ahora fue usada contra el expresidente.

Estados Unidos llevaba tiempo investigando a JOH de forma reservada antes de presentar los cargos en su contra, pese a que en público había sido señalado como un aliado de Washington en temas de seguridad y migración.

Devis Leonel Rivera, exlíder de Los Cachiros y autor de 78 asesinatos según su propia cuenta, comenzó a cooperar con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en 2013, el mismo año en que pagó un soborno de $250,000 a JOH de acuerdo con su testimonio en el juicio.

Hasta ese momento, su alianza con JOH parecía inquebrantable.

Ahora bajo cadena perpetua en Estados Unidos, Rivera testificó que los hermanos Arnulfo y Luis Valle, líderes de uno de los principales grupos narcos de Honduras, quisieron asesinar a Hernández al inicio de su primer mandato en 2014, algo que también señalaron otros testigos.

Según Rivera, eso se debía a que JOH dejó de responder a los Valle cuando las autoridades comenzaron a incautarles propiedades familiares, poco antes de que fueran detenidos y extraditados a Estados Unidos.

En su defensa, Hernández señaló que durante su gobierno empezaron las extradiciones de narcos hondureños.

Pero los fiscales sostuvieron que eso ocurrió apenas con enemigos del entonces presidente, como los Valle, que pese a haberlo sobornado se tornaron problemáticos.

Rivera testificó que, cuando los Valle le pidieron ayuda para el magnicidio, lo descartó de un plumazo.

"No estaba en mi pensamiento matar a mi socio", explicó.