La Fiscalía General de la República (FGR) celebró que la jueza Especializa de Sentencia B admitiera los audios que no fueron admitidos en la etapa de instrucción los cuales involucran al exfiscal general Luis Martínez, junto con los abogados Julio Arriaza, Héctor Grimaldi y Luis Peña.

“El listado que ha presentado Fiscalía hay más de 100 que han sido ofertados; durante la vista pública se hará algún tipo de manejo en cuanto si es suficiente con algunos que se escuchan”, señaló el fiscal de la Unidad Especial de Delitos de Crimen Organizado. 

Según las investigaciones de la FGR, las nuevas pruebas contienen conversaciones de Martínez con varios personajes, entre ellos Enrique Rais, con quien estableció una estructura que se dedicó a corromper la justicia mientras estuvo al frente de la institución de justicia.

El 26 de abril dicho juzgado instaló la audiencia especial a solicitud de la Fiscalía con el objetivo de que se le admitiera una prueba y no fue hasta hoy que la instancia dio su resolución.  

Mientras las partes y la prensa esperaba la respuesta, el exfiscal Martínez montó un breve rueda de prensa donde, esposado y con un semblante tranquilo, dijo que todo los delitos y su condena es una “una condena ilícita oculta más allá del barniz de legalidad que se le haya querido dar; hoy todos sabemos cómo se hicieron trampas, manipulaciones y hecho delictivos para involucrarme”.

Martínez es el primer exfiscal general que ha sido condenado a prisión. El 4 de diciembre del 2018, la jueza Sexta de Sentencia de San Salvador lo condenó a cinco años de prisión por revelar audios reservados que fueron obtenidas de manera ilegal a través del Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía en perjuicio del sacerdote Antonio Rodríguez. Se le decretó responsable civilmente con $125,000.

Bajo las órdenes del nuevo fiscal de ese entonces, Douglas Meléndez, Martínez fue capturado el 22 de agosto de ese año junto al empresario Enrique Rais, abogados y exfuncionarios públicos acusados conformar una estructura delictiva dentro del Órgano Judicial.

Además explicó que las pruebas ofertadas por el ministerio público se generaron a través de amenazas y coacciones a los testigos. “Estas acciones son prohibidas por la ley, son ilegales. El país entero exige una explicación, el país lo demanda”, dijo.

Para terminar comentó que mientras estuvo al frente de la institución “siempre estuve al lado de las víctimas”. “Como fiscal general he sufrido esta clase de persecución. Llegó el momento que todo salga a la luz y espero que la institucionalidad funcione”, concluyó.