El juzgado Segundo de Sentencia decidió anular el proceso que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado contra la empresa Salazar Romero debido a inconsistencias en la documentación planteada, en el caso en el que la familia Paz Juárez acusó a la firma constructora de haberlos desalojado violentamente de la casa que adquirieron en la residencial Metrópoli San Gabriel. 

Tras más de un año de lucha, la familia Paz Juárez vio como el juzgador reprochó a los fiscales del caso la forma en la que estos plantearon el caso desde un inicio. Algo que le impedía realizar el juicio.

Según han explicado fuentes judiciales, tras la declaratoria de nulidad del proceso, este regresa a la etapa de instrucción en la que el juzgado que conoció anteriormente el proceso deberá de establecer un periodo de tiempo para que la Fiscalía corrija los errores.

A través de la unidad de comunicaciones del centro judicial “Isidro Menéndez” se conoció que el principal argumento del tribunal fue que la Fiscalía no había individualizado la participación de los imputados.

“En un primer momento, se tenían 10 imputados. Ocho fueron sobreseídos en la etapa de instrucción y al llegar a la etapa de sentencia con dos se decidió decretar nulo el proceso al no tener claro la participación de ambos en el caso”, remarcó una vocera judicial.

Pese a esto, la familia Paz Juárez -supuestas víctimas en este proceso- recriminó el accionar del juez, ya que consideró que este en realidad actuó deliberadamente para favorecer a la empresa constructora. “No es justo lo que me están haciendo, imagínese la Navidad que voy a pasar con mi familia”, dijo con indignación.

Caso por estafa comienza a dilatarse

Las víctimas también señalaron que en el caso que se ha presentado por el delito de estafa contra los representantes de Salazar Romero, este se ha pospuesto para el 4 de enero del presente año.

La mujer reprochó que el juez no haya declarado en rebeldía a los imputados, quienes no se presentaron a la audiencia inicial programada para el pasado 21 de diciembre en un juzgado de Apopa.

Según la ley, al tener un caso ya abierto, no se puede decretar medidas sustitutivas y en caso de no acudir a la audiencia se procede a decretar rebeldía en los imputados y que la PNC los capture para que enfrenten la justicia. 

En este caso, los abogados de la constructora también han pedido nulidad en el proceso. Sin embargo, se definirá hasta que los empleados judiciales regresen de las vacaciones de fin de año y se retome la audiencia inicial.