Luego de 21 días desde que el Tribunal 2° de Sentencia instalara el juicio en contra del expresidente de la República, Antonio Saca, y de exfuncionarios que laboraron bajo su mandato, este lunes la vista pública marcó una recta con la que dará pasó su finalización: los alegatos tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) como de los abogados defensores.

Con los argumentos que los profesionales en leyes darán ante el juez se pretende remarcar las pruebas presentadas durante el proceso en el que también son acusados el exsecretario privado de la Presidencia, Elmer Roberto Charlaix Urquilla; el exsecretario de la Juventud, César Funes Durán; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Humberto Rank Romero; y los empleados de Casa Presidencial (CAPRES), Jorge Alberto Herrera Castellanos, Pablo Gómez y Francisco Rodríguez Arteaga, a quienes se les procesa por los delitos de peculado, lavado de dinero y  casos especiales de lavado de dinero.

De acuerdo a la FGR, hubo dos cuentas del Banco Agrícola y una tercera en el Banco Cuscatlán que sirvieron para sustraer dinero e introducirlo en 16 cuentas de carácter particular, dos estaban a nombre de Charlaix, dos a nombre de Gómez y 12 cuentas a nombre de Rodríguez Arteaga.

Las investigaciones desarrolladas por el ministerio público indican que en el periodo presidencial del partido ARENA 2004-2009 los exfuncionarios presuntamente realizaron un manejo irregular de $300 millones,  provenientes de cuentas corrientes institucionales del Tesoro Público de Casa Presidencial.

Los fondos del Estado habrían terminado en cuentas personales de los imputados, de agencias de publicidad, personas naturales y jurídicas. Parte de los $300 millones se sustrajeron en efectivo, alrededor de $191 millones se utilizaron para pagar sobresueldos y otros gastos.

En esta vista pública se le concedió a Saca un procedimiento abreviado, así como al resto de imputados a excepción de Gómez, quien optó por el desarrollo de un juicio tradicional.