Eduardo Cáceres, vinculado a una empresa propiedad de la familia del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime -que supuestamente habría evadido impuestos-, difundió un comunicado para defender al constitucionalista, y sostuvo que todo se trata de una difamación y amenazó con “hacer uso de las acciones pertinentes contra una persona del Órgano Legislativo que ha mentido”.

En la misiva, Cáceres expresó que el reglamento de la Asamblea Legislativa no da atribuciones a los directivos “para hacer chambres ni calumnias”, en alusión a las declaraciones de la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, quien aseguró que la compañía telefónica Digicel pidió que se investigara a la empresa de la familia Jaime.

“La inmunidad parlamentaria se limita a las opiniones y votos que emiten”, argumentó Cáceres, quien es hermano del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y que ha sido señalado por el fiscal general Douglas Meléndez en las investigaciones contra GCA Telecom S.A. para determinar si habría evadido $2,791,000 en el ejercicio fiscal de 2014.

Cáceres sin embargo, en ningún momento mencionó a Peña como el objeto de una posible demanda, aunque es evidente que se refiere a la presidenta del parlamento.

“Cultivé la amistad del doctor Belarmino Jaime y su familia, de lo cual me siento orgulloso y agradecido por su permanente contribución con su ejemplo a mi formación y concreción de mi concepto de decencia”, dijo Cáceres, quien es miembro desde hace 12 años de la junta directiva de la compañía.

En el escrito, el abogado insistió en que el magistrado de la CSJ no es accionista de la empresa investigada por la Fiscalía y que tampoco ha sido director ni representante legal.

De igual forma, aceptó que dentro de sus obligaciones como directivo le corresponde firmar cheques y participar de las decisiones de la compañía así como revisar la legalidad de los estados financieros apegado “a una ética escrupulosa”, dijo.

El fiscal Meléndez confirmó este lunes que ordenó una investigación contra dos empresas relacionadas por supuesta evasión por más de $6,000,000 y mencionó al magistrado Belarmino Jaime como uno de los propietarios y a uno de sus hijos. “En este momento se han nombrado fiscales y se ha abierto la investigación”, expresó el funcionario.

Jaime respondió airado a las declaraciones dadas por el fiscal y atribuyó los señalamientos a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, a quien llamó “señora lengua larga”.

Cáceres relató en el comunicado que se ha tratado desde 2014 de desprestigiar a la compañía de los Jaime para hacerla quedar no solo como evasora, sino que la han ligado además a otros ilícitos como lavado de dinero.

La información que daña la compañía, señaló, ha salido de una fuga de documentos reservados por Hacienda por lo que pidió una investigación al secretario de Transparencia Marcos Rodríguez, pero que hasta el momento no ha hecho algo al respecto, lamentó.

Cáceres ha sido miembro de la sección de Probidad de la CSJ.