La audiencia inicial en contra de 14 imputados en el caso Destape a la Corrupción, en la que se investigan supuestos delitos para lavar $22 millones en beneficio del expresidente Elías Antonio Saca, reveló que la mayoría de los involucrados fueron empleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

Estas acusaciones surgen de las investigaciones de la Fiscalía, quien deberá comprobar ante el tribunal si son ciertas o no. Por el momento, todos los acusados son inocentes, de acuerdo al derecho que les confiere la Constitución llamado presunción de inocencia, que indica que nadie es culpable hasta que es vencido en juicio.

Los imputados sostuvieron que habrían recibido el dinero que se les señala como parte de sus funciones en esa institución que depende directamente de la Presidencia de la República y que se encarga de transmitir a las autoridades información confidencial relacionada a la seguridad del Estado.

En horas de la noche del lunes y luego de casi 11 horas de audiencia, algunos de los imputados revelaron su pasado en la inteligencia estatal para defenderse de las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

La semana pasada, luego del operativo que terminó con la captura de 10 personas, el director de la PNC, Howard Cotto, reveló que hacía falta dar con el paradero de un exempleado del OIE, aunque ayer se conoció que son más los vinculados a esa oficina.

Implicada dice que solo tiene $16 en su cuenta

En el caso de Sonia Morales de Reyes, su defensa alegó que la única cantidad de dinero que recibió del Estado fueron $45,000 que fueron utilizados para el pago de planillas durante seis meses; ella se desempeñó como jefa de recursos humanos del OIE.

Los abogados dijeron que actualmente Morales de Reyes solo tiene $16 en una cuenta bancaria y ejemplificaron que si hubiera movido las cifras que dice la Fiscalía, no andaría en un carro del año 1984.

Cuando llegó el turno de Emma Suazo, otra imputada, aceptó haber manejado los más de $5 millones que se le atribuyen y alegó que fueron utilizados para el pago de planilla en la institución entre 2006 y 2009, cuando terminó el periodo presidencial de Antonio Saca.

Suazo dijo que si estuviera involucrada, hubiera huido al conocer la captura de Saca.

Mientras, la defensa de José Ángel Montoya, un supuesto encargado de proyectos de Casa Presidencial, explicó que mes a mes recibió de fondos públicos un poco más de $258,000 producto de su trabajo realizado en la institución. El imputado presentó pruebas del estilo de vida que tiene actualmente, con lo que quiso desestimar que disfrute de lujos acorde a los movimientos bancarios que se le atribuyen.

Por su parte, Oswaldo Escobar Marenco era subalterno de Montoya y en su aparición explicó que se encargaba de recibir el dinero para el pago de las remuneraciones en la OIE. Marenco asumió la jefatura de la oficina tras la renuncia de Montoya, de ahí su vinculación con el caso.

Julio Zamora, uno de los últimos imputados que se incorporó a este proceso reveló que por mucho tiempo tuvo a su cargo al personal encargado de la Inteligencia del Estado. Es decir él fue el superior inmediato de los otro cuatro exempleados de la OIE que lo acompañan en este caso.

La defensa señaló que como el resto de imputados Zamora en un primer momento optó por callar ya que una confesión de este tipo pone en riesgo sus vidas y las de sus familias.

El hombre de 71 años comunicó a la jueza que actualmente se encuentra en retiro y goza de una pensión de $300.

Zamora habría estado a cargo de diferentes áreas de la OIE durante diferentes periodos presidenciales.

Los nombres de los que nadie sabe nada

La defensa de Orantes Marenco ejemplificó la situación de confidencialidad que se le da a este Organismo ya que se han presentado nombres de los que en las investigaciones no se han podido establecer.

Según los abogados de este ingeniero esto se debe a que en realidad esos nombres son seudónimos de personas que cobraban de esta forma para mantener en secreto su rol dentro de la Presidencia.

Durante la audiencia inicial esta parte aseguró que nombres como el de Andrea de Zablah y Arnoldo Campos que cobraron más de $30 mil y de los que no se tiene ningún dato, ya que “simplemente no existen”, manifestó la defensa.