Representantes de la lotificadora Argoz SA. de CV. y un exempleado de dicha empresa se comprometieron a reintegrar el dinero a dos clientes a quienes vendieron el mismo terreno y por el que nunca entregaron las escrituras para legalizar una parcela ubicada en el municipio de San Martín.

En 2000, María José Yánez Hilario le compró a Argoz un terreno de 277 metros por un valor de $4,571 los cuales iría cancelando en 120 cuotas de $37.14 las que terminó de pagar en de 10 años. La compradora fue atendida por Erick Guillermo Contreras, quien para esa fecha aún trabajaba para Argoz.

En noviembre de 2010 Yánez Hilario completó las cuotas establecidas en el contrato e inició el trámite para obtener las escrituras del terreno en el que tenía planeado iniciar la construcción de su vivienda.

Los representantes jurídicos de la lotificadora le argumentaron que un cambio de leyes provocó atrasos en la creación de dicho documento, por lo que tendría que esperarse por lo menos seis meses.

El único documento que amparaba que la mujer era la propietaria del terreno era un finiquito en el que se hacía constar que la deuda de Yánez Hilario con Argoz había sido saldada, pero que no le valía para iniciar trámites para construcción.

Pasado los seis meses Yánez Hilario regresó a la empresa para reclamar sus escrituras obteniendo la misma respuesta. Dicha situación se repitió en una tercera ocasión generando alarma en la mujer.

Para mediados de 2013 la mujer fue a inspeccionar el terreno que había comprado  y encontró  en el lugar a Bernardo Peña Escobar, quien le manifestó que era el dueño del terreno en el que se estaba construyendo una casa.

Peña le explicó que él también hizo trato con Contreras, con quien firmó un contrato para pagar $5,000 para la empresa Saucentro, donde tendría que cancelar 98 cuotas de $50 por el mismo terreno que Hilario había pagado a Argoz.

El hombre dijo haber aceptado el trato pese a que no se le entregó ningún documento, ya que durante la negociación Contreras le manifestó que había irregularidades en el terreno pero que estas iban a ser solventadas a la brevedad.

Al enterarse de esta versión, la mujer acudió a Argoz, con quienes había hecho el negocio, quienes le manifestaron que el vendedor en cuestión había dejado de laborar para ellos y que el terreno ya había sido vendido a otra empresa.

Ante esa respuesta, la mujer contactó a Contreras quien en un primer momento se mostró dispuesto a entregarle el terreno, pero esta acción nunca se concretó ya que el vendedor no volvió a contestar las llamadas de Yánez Hilario.

Por su parte, Peña Escobar también le presentó su reclamo al vendedor quien le pidió que estuviera tranquilo y que tuviera certeza que el terreno era de su propiedad ya que los documentos lo amparaban.

Tanto Bernardo como María acudieron en 2013 a la Fiscalía General de la República para denunciar a Argoz y a su exempleado por el delito de estafa. En las diferentes instancias del proceso judicial, los ofendidos han solicitado una conciliación con las víctimas, para que les devuelvan el dinero que estos les cancelaron.

Ayer, el juzgado Tercero de Sentencia avaló una nueva solicitud de conciliación presentada por parte de Argoz, quienes tienen seis meses para devolver los $4,571 a Yánez Hilario y los $750 a Peña, quien también exige que se le reintegre los gastos en los que tuvo que incurrir para la construcción de la vivienda.

Esta no es la primera vez que Argoz ha sido demandada por no emitir las escrituras de los terrenos que vende. Según investigaciones del ministerio público, esto se debe a que muchos de los terrenos que comercializa son vendidos estando hipotecados.

Hace algunos meses, dicha empresa fue obligada por el tribunal Tercero de Instrucción a entregar escrituras a los habitantes de la comunidad Brisas 2 de Santo Tomás, quienes -pese a haber cancelado desde hace varios años el dinero por el terreno- no recibieron las escrituras.