• Diario Digital | martes, 28 de junio de 2022
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Sucesos - ¿Quién mató a Gilberto Soto? Séptima entrega

El juicio, todo era un montaje policial y fiscal

No sé si los fiscales me mintieron a mí cuando los entrevisté, pero eso no importa. Lo relevante es que no pudieron convencer a los jueces, y a nadie más, de que decían la verdad sobre el caso Soto.

Juicio
Imagen ilustrativa de un juicio.
El juicio, todo era un montaje policial y fiscal

 “Lo importante no es lo que se rumore, toda la verdad saldrá a luz en el juicio”, me había dicho en una entrevista Rodolfo Delgado, jefe de Unidad contra el Crimen Organizado, e la Fiscalía General de la República. Y la hora de la verdad llegó por fin. El juicio se instaló casi al mediodía del 15 de febrero de 2006, en el Tribunal de Sentencia e Usulután. 

Al fondo de un salón de unos 35 metros de largo por 10 de ancho, se sentaron los tres jueces en el estrado, con sus asistentes y secretarios a un costado. Frente a ellos, las mesas de la defensa y de la fiscalía. Tras el equipo de defensores, los tres acusados: Santos Sánchez, Herbert Ramírez y Rosa Zelaya. A las espaldas de estos una baranda de madera, y luego unas 50 sillas para el público, entre el cual me encontraba yo.

 El aire acondicionado no funcionaba y el calor era realmente agobiante.

Luego de las formalidades de rigor comenzaron los alegatos que se prolongaron por los dos días siguientes. Fueron tres sesiones en las que se procedió a la presentación de documentos y testigos, y a los debates de la defensa y la fiscalía. Fueron tres jornadas que resultaron largas y agotadoras.

En su primera intervención, los fiscales se limitaron a la exposición detallada, sin ninguna otra novedad, de la teoría oficial sostenida durante poco más de un año. Algunos especialistas consultaos ahí mismo casi en susurros, me comentaron que esa primera intervención careció de una estructura técnica consistente, y que más bien fue torpe. Los presentes en la sala fuimos pasando a una creciente desconfianza en la credibilidad de los los dos testigos criteriados, inconsistencias y contradictorios.

Los nervios traicionaron a Luis Guzmán cuando, por la vía del interrogatorio capcioso, la defensa lo hizo negar afirmaciones anteriores y afirmar lo que antes había negado. Él había asegurado que atestiguó en dos ocasiones, en días distintos cuyas fechas precisó, cuando Rosa Zelaya llamó a Estados Unidos desde su teléfono celular, para cuadrar con su hija lo relativo al pago de los asesinos. También había reconocido el teléfono incautado a la acusada, como el aparto que efectivamente había utilizado, pero la defensa demostró con la bitácora telefónica que en los días mencionados no se registraba ninguna llamada a los Estados Unidos.

Cuando el interrogatorio continuó sobre el porqué había asegurado antes que había declarado bajo tortura, Luis Guzmán comenzó a gritar desaforadamente al defensor y tuvo que ser llamado al orden por el juez.

Algo parecido le sucedió a Wilson Rivera, quien no pudo explicar por qué, inicialmente, había afirmado que le había prestado su arma a Herbert Ramírez, pero que eso había sucedido dos días después del asesinato de Soto. No obstante, luego de recibir el criterio de oportunidad, había cambiado su versión al decir que se la había prestado el día del atentado.

Sus incoherencias aumentaron cuando, después de asegurar que había prestado varias veces su arma a otros de sus compinches de la Mara 18, “pero nunca para hacerle daño a alguien”, reconoció que Herbert Ramírez sí le explicó que necesitaba la pistola “para ir a matar a un bato que ha venido de los Estados Unidos, y pagan dos mil dólares por ese tiro”. Al señalarle la contradicción, Wilson se enredó aún más y ya no pudo salir del lío.

Asimismo, la esposa de Luis Guzmán se contradijo flagrantemente en relación a la cantidad de dinero que sacó del banco para ayudar a su esposo a completar el pago de los supuestos criminales. Luego negó que en su casa tuviera teléfono, pero el día anterior Luis Guzmán había asegurado que sí tenían y dio incluso el número del aparato.

Ese tipo de incoherencias y contradicciones, mayores y menores, abundaron a lo largo del juicio y fueron socavando poco a poco la postura de la fiscalía.  

También el incisivo alegato de la defensa, que basada en la teoría de los actos reflejos o del fruto del árbol envenenado, subrayaba que todo el proceso estaba viciado de origen, no dejaba de mellar los esfuerzos de la parte acusadora. Al final, el fiscal Allan Hernández tuvo que resistir solo los embates de la defensa, pues su compañero de fórmula, Jaime Cruz, fue hospitalizado de emergencia en un centro médico, víctima de un cuadro de apendicitis.

Dos argumentos de la defensa, entre otros muchos, fueron decisivos: el testigo estrella de la fiscalía, Luis Guzmán, había reconocido el 30 de marzo del 2005, en presencia de la jueza de Instrucción de Usulután, defensores, fiscales y familiares de la víctima, que en realidad él no sabía nada de la muerte de Soto, que a él lo torturaron y que la fiscalía lo había obligado a decir todo lo que dijo. Y más todavía: que el mismo fiscal Allan Hernández le dio un papel para que se lo aprendiera de memoria. Acto seguido entregó dicho papel a la jueza: era lo que se había presentado como su declaración extrajudicial. 

El segundo argumento consistió en evidenciar que la fiscalía no pudo demostrar la existencia del seguro de 250 mil dólares, cuya cobranza habría sido el móvil del asesinato. Y que sólo se había descubierto un seguro por 50 mil dólares, pero éste tenía como beneficiaros únicos a los tres hijos que Soto había tenido en un matrimonio anterior.

La defensa concluyó con argumentos muy contundente:

“Pedimos nulidad absoluta de las confesiones extrajudiciales de Wilson Rivera, y de todos los actos posteriores conexos a dicha confesión que sean su consecuencia directa. Lo anterior en base a ser reconocido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema e Justicia, en sentencia definitiva de Habeas Corpus dictada a favor de Wilson Rivera, la existencia de violaciones a derechos constitucionales de dicha persona. 

“Específicamente de la violación del deber constitucional de motivación del auto de detención administrativa, al no haber relacionado la existencia de ningún elemento de prueba en su contra, siendo en consecuencia una detención arbitraria e ilegal. Por tanto, todo aquello que fue consecuencia de dicha detención, como lo fue su confesión extrajudicial, también es ilegal.

“Pedimos nulidad absoluta de los siguientes actos: reconocimiento de personas por fotografías, practicado en forma ilegal por Wilson Rivera, al no haberse realizado bajo las reglas de los anticipos de pruebas y no haber existido ningún control jurisdiccional en dicho acto; nulidad de la detención de los imputados Santos Sánchez y Herbert Ramírez, en razón de que la detención de estos últimos fue consecuencia del mencionado reconocimiento practicado en forma ilegal”.

Con eso quedaba la fiscalía bastante mal parada respecto a los presuntos asesinos materiales. Pero el golpe más fuerte que tendría que encajar sería el pedido de nulidad de todo el proceso penal seguido contra la presunta autora intelectual. 

Esa solicitud fue fundamentada en la retractación de Luis Guzmán, y su denuncia de haber sido obligado a asumir una declaración ya elaborada por los fiscales. Para rematar, la defensa argumentó lo siguiente:

“La fiscalía ha sostenido y va a sostener que Luis Guzmán dijo eso porque se sentía atemorizado porque habría sufrido amenazas. Sin embargo, esa tesis no explica el por qué el testigo tenía en su poder el acta en la que consta su confesión extrajudicial, y que dicha acta aparece sin la firma del fiscal, del mismo testigo, de su defensor y de ningún testigo, lo que le da credibilidad a la denuncia de Luis Guzmán contra fiscales y policías”.

Finalmente, la defensa se refirió a la situación de la presunta autora intelectual el crimen, Rosa Zelaya, aunque ya todos entendiéramos que, si el único medio probatorio contra ella presentado por la fiscalía era la confesión extrajudicial de Luis Guzmán, el cargo imputado a Rosa Zelaya se caía por completo. 

Al final de los debates, el fiscal Allan Hernández se declaró muy agotado y sólo habló cinco minutos. Cuando después de la última arremetida de la defensa, el juez le preguntó si tenía algo más que añadir, el fiscal visiblemente abrumado solo movió negativamente la cabeza. El juicio había concluido. El Tribunal anunció que daría su fallo al día siguiente.

No sé si los fiscales me mintieron a mí cuando los entrevisté, pero eso no importa. Lo relevante es que no pudieron convencer a los jueces, y a nadie más, de que decían la verdad sobre el caso Soto.

En efecto, el sábado 18 se dictó la sentencia: absolución para Rosa Zelaya y  Santos Sánchez…

Entonces ¿quién mató a Gilberto Soto y por qué? Su familia y sus poderosos compañeros del sindicato de los Teamsters, de cuya capacidad de influencia se dice que son capaces incluso de presionar al Congreso norteamericano en el sentido de que condicione o niegue las aplicaciones para acceder a los Fondos del Milenio, esperaban esa pronta respuesta, que se sintetiza en una sola palabra: justicia.

Y la presión de Washington al gobierno salvadoreño aumentaría aún más.

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