La normativa actual establece que el salario se debe “revisar” cada tres años, algo que ha generado que los gobiernos en turno aleguen que no hay dinero para aumentarles.
La presidenta de la Corte de Cuentas dijo que por el momento los hallazgos son de tipo administrativo y patrimonial, no penal, porque esa competencia es de la Fiscalía.
El profesional del derecho argumentó su petición en el artículo 47, literal F, de la Ley de Partidos Políticos que establece la liquidación de instituciones que cometan fraude.
Milena Calderón de Escalón, alcaldesa de Santa Ana, explicó que la construcción estará detenida hasta que el Ministerio de Medio Ambiente se pronuncie.
Según el parlamentario, si lo están sometiendo a un antejuicio de una forma injusta, nadie le garantiza que en los tribunales se respete la ley. El fiscal le respondió y le dijo: "No busco, ni me interesa su confianza".