Se encontraban departiendo en un restaurante y luego tomaron rumbo al caserío Las Bombas, de Chirilagua, en San Miguel, en donde ocurrió el crimen. Fueron condenados a 30 años.

El día del crimen, los coyotes recogieron a la familia en horas de la madrugada para iniciar el viaje ilegal a Estados Unidos y llevaron a sus integrantes a un terreno en el cantón La Shila, del Puerto de La Libertad. Allí, los asesinaron a balazos.

El estudiante recién graduado salía de una iglesia luego de un acto religioso de agradecimiento por su logro, cuando fue interceptado y asesinado por los pandilleros.

Amenazaron a una familia para que se fueran de su casa. Luego les dijeron que les darían permiso de residir en el lugar si les pagaban extorsión. Para intimidarlos, mataron a uno de los familiares.

Los pandilleros llegaron armados a la casa en la que se encontraban las víctimas. Las sometieron, las maniataron, las torturaron y las ejecutaron a balazos.

La mujer regresaba de dejar a sus nietos en la escuela cuando los pandilleros le dispararon por la espalda. Murió en el instante. Al menos doce impactos de bala quedaron marcados en su cuerpo.

La Fiscalía los acusó de permitir que las pandillas se fortalecieran económicamente entre los años 2012 y 2013 a cambio de una disminución de los homicidios para favorecer políticamente al Gobierno de turno.

Fueron capturados en julio del 2021 cuando transportaban en una lancha 1,374 paquetes de cocaína.

Las investigaciones determinaron que los condenados cometieron los crímenes en los departamentos de Usulután y San Miguel entre los años 2002 y 2009.

En el juicio, los condenados confesaron el crimen. Además, deberán pagar una cantidad de dinero en concepto de responsabilidad civil a la víctima.