La Fiscalía los acusó de permitir que las pandillas se fortalecieran económicamente entre los años 2012 y 2013 a cambio de una disminución de los homicidios para favorecer políticamente al Gobierno de turno.
Las investigaciones determinaron que los condenados cometieron los crímenes en los departamentos de Usulután y San Miguel entre los años 2002 y 2009.
En el juicio, los condenados confesaron el crimen. Además, deberán pagar una cantidad de dinero en concepto de responsabilidad civil a la víctima.
El juzgado impuso 12 años de prisión al hombre, por ser el autor directo del delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada, mientras que la mujer fue condenada a 10 años por ser su cómplice.
El triple homicidio ocurrió en el año 2021 en el cantón Morro Grande, del municipio de Guaymango, en Ahuachapán. Los condenados llegaron armados a la vivienda de la maestra y asesinaron a las víctimas.
La fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos detalló que la estructura delictiva lavó la cantidad de $9,328,398.94, cifra que fue deducida en las pericias de investigación financiera.
El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel declaró culpables a los dos acusados de al menos 59 casos de extorsión agravada y otros casos de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas.