La FGR asegura que la exdiputada del FMLN no pudo justificar siete irregularidades patrimoniales detectadas durante los dos últimos períodos legislativos en que ella fungió como legisladora (2012-2015 y 2015-2018), por lo que está obligada a reintegrar al erario $133,746.60.
Para el procedimiento, la FGR contó con testigos que llegaron al lugar, incluido el exesposo de Urbina, Peter Wachowski, quien se encuentra detenido bajo un proceso penal por ser el principal sospechoso de la muerte de la exdiputada.
En el mismo mes en que Urbina fue asesinada, Wachowski enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán y el juez le decretó detención provisional bajo la acusación de feminicidio agravado.
La jueza resolvió que el caso pase a conocimiento del Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.
Urbina fue diputada de la Asamblea Legislativa por el departamento de San Salvador en el período legislativo 2018-2021; también fungió como presidenta de la Defensoría del Consumidor entre 2011 y 2018.
