De acuerdo con las investigaciones fiscales, durante el año 2022 los imputados se habrían dedicado a tramitar créditos con documentación falsa en varias entidades financieras, mientras se hacían pasar por empleados públicos o como organismos privados.
La institución financiera recordó consejos sencillos y prácticos dirigidos a sus clientes y, en general, a los usuarios del sistema bancario, con la finalidad de prevenir fraudes en sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito o débito.
La Sala informó que pese a la inconstitucionalidad no se dejará de cobrar el impuesto hasta el 1 de enero de 2019, para evitar que se produzca insolvencia en el presupuesto en ejecución.
Según el abogado del empresario el dinero obtenido por la sociedad Sánchez Velásquez fue utilizado como capital de trabajo y para comprar terrenos para lotificaciones en diversas zonas del país; dichos terrenos ahora son negociados con los bancos y financieras como pago de la deuda.
Un empleado público facilitaba sellos y firmas al estafador, además de información sobre proyectos de ejecución de escuelas en diversos municipios del país los cuales eran utilizados como coartada para justificar falsas adquisiciones.
