El director de Centros Penales manifestó que dicha institución trabaja los 7 días a la semana y las 24 horas para garantizar que el crimen organizado ya no opere desde las cárceles.
La Policía recibió la alerta de personas que observaron cómo los criminales raptaban a la mujer, al ser avisados se desplegó a un equipo de la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP), conocidos como Jaguares.
De acuerdo con las autoridades, los hechos sucedieron el 22 de enero de 2018 en el municipio de San José Guayabal, de Cuscatlán. La víctima, de nombre clave “Azucena”, relató que los elementos de seguridad abusaron de su autoridad para llevársela en un vehículo.
La oficina fiscal de Soyapango presentó las pruebas necesarias para que el juez de dicho tribunal valorara de que eran suficientes para enviarlos a prisión, mientras continua el proceso judicial en su contra.
De acuerdo con las autoridades, los criminales han sido identificados como Wilfredo Granado Romero, de alias “El Wason, Petrón y Dormilón, palabrero y señalado de ser el responsable del asesinato de un policía en noviembre de 2017.
En la propuesta que fue llevada por el Ministerio de Hacienda a la comisión de la Asamblea, se planteó que a cada uno de los elementos destacados le corresponde $200 mensuales.
De acuerdo con las autoridades, el 31 de enero de 2019, los agentes privaron de libertad a un joven luego de recibir una alerta de que habría agredido a un elemento de seguridad de la clínica policial.
De acuerdo con el Movimiento de Trabajadores, a las jefaturas se les asignan 90 vales de combustible de $5.71 cada uno, lo que es equivalente a $513.90 al mes. Pero en algunos casos piden refuerzo a la institución y se les concede otros 30 vales más por un valor de $171.30.
Junto a los cadáveres de los pandilleros fueron encontradas dos pistolas, las cuales fueron utilizadas para atacar a los policías.
