La empresa Diseño y Construcción de Obras Eléctricas y Civiles, S.A. de C.V. recibió en 2012 una notificación del Ministerio de Hacienda porque presentaba inconsistencias fiscales. Para solventarlas, debía pagar una multa de más de $90,000, por lo que el representante legal de la empresa, Santiago Wilber Caballero, comenzó a buscar opciones para salir del problema lo más pronto posible.

Caballero recurrió al contador de la empresa, José Israel Cradis, para pedirle auxilio y escuchar una opinión sobre el camino a seguir. El contador le dijo que sabía cómo contactar a un abogado con experiencia en temas fiscales.

Así, en octubre de 2012 Cradis se contacta con Efraín Rafael C., un hombre de 62 años que de una manera casual comenzaría a vivir un calvario que lo sumió en un agujero.

Efraín Rafael C. acordó una cita con los representantes de la empresa en un restaurante de comida rápida en San Salvador y  les presentó al abogado que los sacaría del problema. Ahí acordaron que Luis Romero Parada Mata les cobraría $20,000 para resolver el problema, lo que a los ojos de la empresa parecía un buen negocio, pues era menos de la tercera parte que si hubieran pagado la multa a Hacienda. Efraín Rafael C. también conseguiría $1,200 por su intermediación.

 Durante tres meses la compañía pagó los honorarios del abogado pero lo hizo a través de Efraín Rafael C.

Según el abogado, el caso iba en buen camino y prometió que estaría resuelto en pocas semanas. Por ello, Caballero accedió a dar otro adelanto, pero exigió a cambio un comprobante de los avances del trámite tributario.

El trámite que no existió

Posterior a esto, Caballero fue a un banco a solicitar un crédito que le fue rechazado porque la empresa seguía apareciendo en mora. Entonces, recurrió al Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda, donde le dijeron que el documento no había sido presentado.

En febrero de 2013, Caballero presentó una demanda judicial contra Efraín Rafael C. y el abogado. Al intermediario lo acusaron de fraude y falsificación de documentos públicos en un proceso que se desarrolló en el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador.

“Me siento estafado” dijo Caballero mientras le explicaba al juez que él pensó que Efraín Rafael C. era abogado, y que fue hasta después que se enteró que no era profesional, sino de oficio agricultor.

El imputado se defendió y dijo que nunca prometió que iba a resolver el problema fiscal. "No tengo conocimientos en Hacienda. Yo no sabía si era falso o qué. Mi error fue ir a cobrar (los cheques)”, dijo con voz temblorosa y nerviosa.

Tras el desfile de pruebas, el juez determinó que no había elementos suficientes para condenar a Efraín C., por lo que lo absolvió de los delitos que se le imputaban. Al conocer el veredicto, al fondo de la sala una mujer levantó sus manos al cielo y susurrando dijo "gracias, gracias". Algunas lágrimas le rodaron por las mejillas.

Efraín volverá a gozar de libertad total, esa que desde el año 2013 tenía restringida por las medidas sustitutivas que le habían impuesto.