• Diario Digital | Jueves, 23 de Noviembre de 2017
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Política - SEGÚN PROPUESTA

50 años para asesinos de policías, nueva división antiextorsión y tipificar como delito acoso a agentes: nuevas medidas del Gobierno contra pandillas

Asimismo, se ha pedido destinar un fondo de la contribución especial para que se ayude económicamente a familias de agentes asesinados en cumplimiento de deber.

50 años para asesinos de policías, nueva división antiextorsión y tipificar como delito acoso a agentes: nuevas medidas del Gobierno contra pandillas

El gabinete de Seguridad presentó una serie de propuestas para reforzar la seguridad de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.

La propuesta fue presentada por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz y el ministro de Justicia Mauricio Ramírez Landaverde, quienes solicitaron penas más duras para aquellos que ataquen a agentes; además pidieron que el acoso y amenazas a agentes sean considerados una causa para procesar a los responsables.

Las autoridades también solicitaron una redistribución de los fondos obtenidos de la contribución especial para la seguridad recaudada a través de las telefonías, que incluye ayudas económicas a las familias de agentes caídos en el cumplimiento del deber.

En el pliego también se incluye una serie de acciones para contrarrestar la extorsión, que se fundamentan en optimizar la investigación y persecución de este delito que según los números del Gobierno, sigue siendo la principal fuente de financiamiento de las pandillas.

Seis puntos a presentar
El primer proyecto comprende dos iniciativas. La primera, es la pretensión de un decreto especial para la protección de elementos de seguridad, fiscales, jueces, custodios, las cuales ya están contenidas en un decreto aprobado en 2015.

“Se quiere un agravamiento a las penas que tendrán que purgar los que atenten contra elementos de seguridad pública”, la petición eleva a 50 años a aquellos que cometan este de delito.

La misma excluye a los procesados para que no tengan derecho a medidas sustitutivas a la detención, mientras se resuelve el caso en los tribunales.

Al mismo tiempo, se solicita que los jueces otorguen medidas de restricción para aquellos delincuentes que amenacen a elementos de la policía: “Es posible que una medida de restricción evite un ataque a los agentes, pero es un arma para poder perseguir a aquellos que amenacen a los policías ya que este sería considerado un delito”, puntualizó el ministro de Justicia Ramírez Landaverde.

Persecución de la extorsión
El segundo punto señala la creación y fortalecimiento de las instituciones que combaten la extorsión, especialmente la PNC y Fiscalía General de la República. Estas modificaciones son pensadas para reforzar el plan nacional de investigaciones.

En el caso de la PNC, se quiere incluir una división de inteligencia financiera para dar seguimiento a redes de lavado de dinero, obteniendo información para combatir esta problemática.

Lo segundo que se solicita es una reforma a la Ley de Lavado de Dinero para que las instituciones bancarias entreguen información de operaciones sospechosas a la Policía a través de esta nueva red.

El último punto busca resguardar la identidad de las víctimas y que la extorsión se considere un delito contra la fe pública, esto con el fin de que los afectados no tengan que presentarse como ofendidos en tribunales.

El Ejecutivo insiste en reformar la ley para que incluso con una sentencia en contra de la Ley de Extinción de Dominio, se pueda tener acceso a confiscar los bienes incautados a estructuras criminales.

Redistribución de fondos
El Gabinete de Seguridad también presentó la propuesta para la reorientación de $17.7 millones obtenidos de la contribución especial para seguridad, los que estarían siendo destinados en su mayoría para pagar bonos a elementos de seguridad.

Asimismo, se tiene previsto destinar parte de lo sobrante para ayudar a las familias de policías y soldados asesinados.

“Queremos ayudar con becas e incentivos económicos a las familias de los policías cobardemente asesinados en el cumplimiento del deber”, sentenció el vicepresidente Ortiz.

La comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa será la encargada de conocer estas propuestas para que previo a una discusión de los partidos se apruebe este pliegos que son las medidas anunciadas por el presidente Salvador Sánchez Cerén hace unas semanas.

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