Autoridades de la cartera de Justicia y Seguridad buscan la creación de una Ley Especial que regule el Trabajo en Producción Penitenciaria.  

Ello les permitiría a los presos un trabajo remunerado, a través de inversionistas o empresarios.  

La propuesta fue presentada ante la comisión de Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa por el ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde. 

La nueva normativa tiene como fin organizar la producción de los privados de libertad y que éstos generen sus propios ingresos que "sirvan para su propio sustento y el de su familia", dijo el ministro a a los diputados. 

El ministro explicó a los legisladores que se busca que los reos, a pesar de que tengan restringidos sus derechos, puedan optar a un "trabajo idóneo, con base a sus estudios, vocación, aptitudes, deseos y capacidades". 

La ley regularía la comercialización de los bienes y servicios que se obtengan de la producción que se realiza en las cárceles, como hortalizas, bloques de construcción, textil y panadería; además de un taller de mecánica. 

"Pudiésemos, más adelante, comercializarlos e incrementar las capacidades para producir a mayor escala, con la implementación de técnicas industriales que apoyen la producción agropecuaria", espera Ramírez Landaverde. 

Actualmente, hay 37,767 personas privadas de libertad en las cárceles del país, lo que representa un hacinamiento del 321 por ciento. 

Piden también reforma a Ley Penitenciaria 
También, se conoció la petición de reformas a la Ley Penitenciaria para regular el funcionamiento de las tiendas en centros penales "para darle mayor transparencia y credibilidad", mediante la creación de un patronato que administre los fondos. 

El patronato estaría compuesto por "la sociedad civil, iglesias, empresa privada, organizaciones no gubernamentales y quienes apoyen la rehabilitación", propuso el funcionario del Ejecutivo. 

La administración de los fondos se lograría a través controlar las tiendas en los 19 centros penitenciarios que actualmente generan miles de dólares mensualmente y que son destinados al funcionamiento de las cárceles y atención de emergencias, pero que dejan un margen de "discrecionalidad excesivo" . 

El funcionario de seguridad además planteó la necesidad de incorporar a la ley el decreto transitorio 314, mediante el cual 400 reos con enfermedades terminales y ancianos han podido recobrar su libertad. 

Ello además de ser un tema humanitario, también permitiría reducir el hacinamiento en las cárceles, considero.