El diputado de ARENA, David Reyes, uno de los críticos de la Asamblea Legislativa sobre temas de transporte público, conversó con El Salvador Times sobre las propuestas que presentó para endurecer las sanciones contra los conductores de transporte colectivo que se vean involucrados en accidentes de tránsito donde resulten personas fallecidas. 

Reyes dijo que los empresarios de transporte público deberían jugar un papel importante para regular a las personas que están contratadas como motoristas porque muchos de los que tienen la responsabilidad de conducir un autobús repleto de personas se han visto involucrados en tragedias o tienen una gran cantidad de multas, pero siguen conduciendo. 

También reveló que en la comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda ya hay propuestas que sugieren quitar la concesión de línea a todas a las unidades que provoquen un accidente vial donde haya fallecidos. Agregó que esta ya tiene el visto bueno del Viceministerio de Transporte y solo le falta consenso de los diputados en la Asamblea. 

¿En qué consisten sus propuestas para endurecer los castigos a los buseros que provoquen accidentes de tránsito?

Son dos, una de ellas es una reforma al Código Penal en que se busca incrementar las penas cuando ocurra un homicidio culposo y se compruebe que haya sido por negligencia del conductor de transporte público, llámese exceso de velocidad, manejar bajo los efectos de cualquier droga o alcohol y que se compruebe que ha habido esa negligencia. Por ejemplo, el Día de la Mujer conocimos una lamentable noticia donde dos microbuses que por irse peleando la vía atropellaron a una mujer y le ocasionaron la muerte, eso es una clara negligencia. Otros casos que por excesiva velocidad ha habido accidentes y así que han atropellado personas ocasionándole la muerte. ¿Quién responde en ese momento? Un servicio que es un negocio subsidiado no debería de ocurrir ese tipo de sucesos.

La otra propuesta es una reforma a la Ley de Transporte que busca exigir, sin ningún tipo de excusa, la portación de un carné para los motoristas de transporte público y este carné busca tener requisitos rigurosos para poder tenerlo. Por ejemplo, haber pasado el curso del Viceministerio de Transporte sobre conducción y sobre la legislación respectiva; segundo, presentar un examen antidóping reciente, obviamente negativo, para constatar que el motorista no ha consumido drogas; el tercero, sería los antecedentes penales; el cuarto, la licencia vigente, lo que significaría que no tiene multas y los demás requisitos que estime el reglamento. La idea es que cada conductor debe de tener, a parte de su licencia, que solo le faculta para poder conducir un vehículo y el carné que buscaría requisitos más rigurosos para asegurarnos que sea una persona completamente habilitada y si lo detienen en un retén que sea acreedor de una multa y que la autoridad retenga la unidad hasta que llegue una persona habilitada.

Pero, ¿cómo se controla a un sector dónde hay motoristas de buses que deben miles en multas y no los pagan?

Bueno, esos ya no podrían ser conductores de transporte colectivo, así de sencillo.

¿Cómo se debe ayudar a la PNC a detectarlos? Porque ellos no pueden estar en todas las carreteras del país…

Creo que los empresarios de transporte público tienen una gran responsabilidad en esto. Ellos deben de ser los primeros en asegurarse que sus empleados, los motoristas, cumplan estos requisitos. Hay otras propuestas, por ejemplo, que buscan que si sucede que atropella y ocasiona la muerte por negligencia, buscan quitarles la concesión de esa unidad y ahí si se ve afectado el empresario. No quisiera que llegásemos hasta eso aunque la propuesta está en discusión y sobre eso hay opinión favorable del VMT, solo faltaría el consenso para aprobar.

¿Eso podría aprobarse?

Creo que puede ser una alternativa, pero quiero pensar que podemos ordenarnos antes de llegar a una medida extrema como esa. Por otro lado, también se puede analizar otra propuesta que hice de condicionar la entrega del subsidio. Imaginemos que durante todos estos años que han estado recibiendo el subsidio hemos entregado más de $500 millones a un negocio que es concesión del Estado, por supuesto, no es justo que los salvadoreños sigan teniendo un servicio deplorable, un servicio inaccesible para las personas con discapacidad, que muchas veces contamina el medio ambiente y ahora en las ultimas semanas hasta se convierte en un riesgo para la vida de los ciudadanos.

Si la situación continúa de esta manera, con percances fatales a diario y motoristas involucrados, ¿se seguiría dando los votos el partido para el subsidio?, David Reyes no lo hace, pero la mayoría del partido sí...

Yo no lo voy dar, pero no solamente yo. Te puedo asegurar de que hay más diputados en esta postura y me atrevo a decir que no habría los votos para poder prorrogar el subsidio. Si no vemos mejoras en el servicio a los usuarios, no es para mí u otros diputados, es para el usuario que hace uso todos los días.

Una de las quejas de los motoristas siempre ha sido las horas laboradas versus el salario, ¿esto también se está valorando? 

Estoy haciendo una investigación sobre el régimen laboral. A raíz de esta propuesta que  presenté, en mis redes sociales he recibido varios mensajes de conductores donde me explican que son sometidos a jornadas laborales larguísimas que, por supuesto, ningún ser humano puede aguantar. Uno de ellos me decía que por eso es que recurren a utilizar “trampas”, no sé qué quería decir con eso. Obviamente al uso de medicamentos o alguna droga; pero en fin, otro me dijo que no les pagan AFP, Seguro Social, horas extras. Entonces hay que revisar ese régimen laboral porque no se trata solo de tirar la culpa al conductor, sobre todo si está siendo objeto de una explotación de algunos malos empresarios porque no son todos, hay buenos empresarios pero hay unos que les retienen las cuotas y no las pagan y eso es un delito. Por eso, es que estamos haciendo la investigación para proponer en su determinado momento algunas reformas para asegurar que los motoristas tengan las prestaciones del ley

¿Cuál es la postura de David Reyes en el tema del agua?

La legislación relacionada al recuso tan importante como es el agua tiene que ir enfocada en garantizar que haya más accesos a más personas, por años este servicio ha estado en manos del sector público y ha sido ineficiente, es decir; no podemos ni aceptar una privatización del agua ni una nacionalización. Por eso, es importante que haya un equilibrio en la administración del recurso, yo no me atrevo a dar mayores detalles porque no participo en la comisión, pero creo que la legislación debe estar enfocada en que haya más distribución equitativa en este recurso en toda la población. Todos los días ustedes registran cómo la población cierra algunas calles en protesta porque no reciben ayuda o porque reciben un servicio deficiente, en Apopa, San Martín, comunidades que tienen meses sin recibir agua pero el recibo siempre les llega, eso llega al día. Por lo que es necesario que haya una legislación que busque garantizar. Solo se ha tocado un punto, con una legislación que busque proteger nuestros recursos, no podemos seguir contaminando los ríos, los lagos, el mar, necesitamos una legislación que busque regular el tratamiento de los desechos residuales del agua, el manejo que se debe de hacer cuando una industria o empresa termina su proceso productivo y desecha el agua que ha ocupado y que va contaminada, todo eso debe estar legislado. Esos casos no se han llegado discutir en la comisión, pero creo que se ha intentado manipular la opinión pública sobre todo porque según la Constitución de la república no se puede privatizar.

¿Cuál es su opinión sobre el aumento al Fodes?

Es un incremento a solicitud de los alcaldes de todos los partidos con la finalidad de poder obtener más recursos por el Fodes. A mí me parece que esto se ha va a poder traducir a más desarrollo y más obras para los habitantes de los 262 municipios porque en el mismo decreto aprobamos que ese fondo no se pueda utilizar para pago de salarios ni incrementos, ni pago de deudas o membresías que las alcaldías tienen como el pago de COMURES y se ha establecido que esto sea exclusivamente para inversión. Si algún alcalde utiliza esto de manera equivocada, que la Corte de Cuentas audite y pueda recaer en sanciones que tienen responsabilidades patrimoniales, es algo importante y que entrará en vigencia en 2020.