Marvin Adaly Ramos Quintanilla, alias “El Piwa” trabajó su imagen para hacerse pasar por una persona de bien y ganarse la confianza de quienes lo conocían, mientras se encargaba de la logística financiera de la pandilla MS. Pero no solo engañó a la iglesia a la que supuestamente pertenecía, sino también a instituciones del Estado y a sus mismos compañeros de pandilla, a quienes hizo creer que la estructura tiene una organización horizontal en la que todos sus miembros se benefician. Así lo confirman autoridades fiscales y eclesiásticas.

"Lo que me sorprende es que pudo engañar a la Red de Pastores a la que pertenecía y a los que lo conocían, porque había dicho que estaba en el camino de la reinserción, dijo a El Salvador Times el Obispo de la Iglesia Luterana, Medardo Gómez, quien asegura que Ramos Quintanilla  se presentó  como expandillero ante la Iniciativa Pastoral por la Vida y La Paz (IPAZ), un grupo compuesto por diversas denominaciones religiosas que apoyaba la tregua entre pandillas.

Por su parte, Sigfrido Campos Crespo, jefe de los fiscales del caso, dijo en un programa televisivo que Ramos Quintanilla utilizó la iglesia para hacerle creer a las autoridades que estaba arrepentido de los crímenes que había cometido y en agradecimiento por haberlo aceptado en la congregación les donó un autobús para uso de la iglesia.

"El Piwa" -conocido también como "Pastilla"- se involucró en la vida religiosa y recibió un curso  de Teología en el que se le otorgó un título de capellán pastoral, según lo confirma un documento firmado por la Red Nacional de Pastores y Líderes para el Desarrollo de El Salvador Torre Fuerte, presentado por su defensor en el proceso judicial que se lleva en su contra.

Pero mientras se hacía pasar por capellán manejaba grandes sumas de dinero de la pandilla y era quien tenía el poder, según la investigación fiscal que lo califica como "el cerebro”, y uno de los líderes de la estructura. Utilizando esa fachada aprovechaba los beneficios económicos de la actividades de la pandilla para vivir con comodidades, las cuales no eran compartidas con todos los miembros de su estructura.

Haciéndose pasar por miembro de la iglesia, se dedicaba a manejar las finanzas de la Mara Salvatrucha: recolectaba el dinero que recibían a nivel nacional como producto de las extorsiones y proveía de vehículos a los "ranfleros" o "corredores de programas", que son los miembros de la pandilla que están en los niveles más altos.

“Hay una clara diferencia entre los cabecillas y los integrantes los miembros de la pandilla, porque la mayoría de pandilleros viven en lugares deplorables y muy deprimidos mientras que los cabecillas se han venido lucrando de su propia estructura”, explicó el fiscal general, Douglas Meléndez, quien remarcó que algunos cabecillas prefieren pagar la renta a su propia estructura antes de aceptar que tienen negocios propios o a nombre de sus testaferros.

La investigación fiscal indica, además, que los cabecillas de la pandilla ordenaron a los miembros de “La Federación” – la estructura que dirige a la MS- que recolectaran $600 mil con el objetivo de comprar un lote de armamento.

Habiendo girado esa orden se impuso una cuota a cada miembro de la pandilla, especialmente a quienes conforman las bases, pues estos tenían permiso para realizar todo tipo de actividad delictiva con el fin de obtener el dinero que les había sido encomendado reunir.

Según la Fiscalía se logró acumular el dinero exigido por los líderes, pero las armas nunca fueron compradas ni mucho menos llegaron a las clicas o células más pequeñas. Los pandilleros habían sido engañados.

Purga interna para pandilleros inconformes

"El Piwa" ha sido señalado por varios pandilleros de haber recibido $25 millones entre los años 2012 y 2014, durante la tregua entre pandillas, lo que habría provocado inconformidad entre otros cabecillas, entre ellos Walter Antonio Carrillo Alfaro, alias "El Chory", quien fue asesinado en el Penal de Izalco.

"El Chory" era uno de los líderes de la clica Fulton Locos Salvatruchos. Según la Fiscalía le había dado la espalda a la MS y tenía intenciones de formar su propia pandilla. Esa fue la razón por la que el 6 de enero de este año la jefatura de dicha estructura ordenó que lo asesinaran junto con otros tres mareros.

Al menos 20 pandilleros más habrían sido ejecutados como parte de una purga interna que incluía a 50 sujetos, entre ellos la esposa de "El Chory", quien también habría comentado sobre la suma millonaria entregada a "El Piwa".

La Fiscalía ha presentado llamadas telefónicas que comprueban la existencia de dicha lista, pero no ha podido sustentar el pago de los $25 millones que se adjudican como pago a Morán Quintanilla.

Expresidiario con permiso para portar armas

"El Piwa" había salido de la cárcel en octubre de 2013 y en diciembre de ese mismo año obtuvo permiso para portar un arma sofisticada de uso privativo de la Fuerza Armada, la cual tenía un valor de más de $1,600.

El supuesto financista de la MS había estado preso bajo cargos de homicidio agravado en la modalidad de tentativa, delito por el que fue condenado a 15 años, pero debido a los beneficios de la tregua entre pandillas y a su buen comportamiento fue puesto en libertad tras cumplir 12 años de su pena.

Aún así, Morán Quintanilla logró burlar a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio de la Defensa y obtener una solvencia de antecedentes penales y un permiso para matricular el arma de fuego.

Estando en libertad, además de la iglesia,  se coló en la alcaldía de Ilopango, donde figuró como encargado liderar el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, conocido como PATI, que beneficiaba a pandilleros, aunque nadie ha confirmado haberlo visto trabajar para dicho proyecto.

Tanto el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, como el ministro de Defensa, David Munguía Payés, han negado tener vínculos con el imputado; mientras el director de la PNC, Howard Cotto ha dicho que se investiga al respecto.

Por ahora, el Piwa se encuentra detenido provisionalmente mientras se desarrolla la etapa de instrucción. La Fiscalía General cuenta con seis meses para robustecer el caso, conocido como "Operación Jaque".