La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, y el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, están enfrentados desde hace dos semanas por una investigación de un supuesto delito de evasión fiscal que habría cometido la empresa de la familia Jaime.

Peña ha reiterado que en ningún momento ha vertido información falsa en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), puesto que incluso el fiscal general, Douglas Meléndez, confirmó que se estaba llevando a cabo una investigación. 

Por su parte, el expresidente de la Sala de lo Constitucional ha sido enfático en negar las acusaciones de Peña, y ha dicho que desde hace cuatro años él no está ligado a la empresa señalada, incluso el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha salido al paso a desvincular al magistrado de estas acusaciones.

Sin embargo, la presidenta del parlamento insiste en que la Fiscalía respalda las declaraciones que hizo a inicios de septiembre. "No es calumnia porque hay una investigación confirmada por el fiscal", sostuvo. 

Asimismo, Peña defendió la información que le fue proporcionada y que luego reveló en una entrevista televisiva el pasado 12 de septiembre. "No (nadie dio mal la información), yo lo que informé es que había un aviso en la Fiscalía y lo confirmó el fiscal. Esa fue mi información y es perfecta porque el fiscal la confirmó", sentenció la legisladora.

El fiscal general, Douglas Meléndez reveló el pasado 13 de febrero a la prensa que ordenó una investigación por presunta evasión de impuestos en el caso de Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones S.A. de C.V. (G.C.A. Telecom), propiedad de la familia Jaime. “Son dos casos vinculados, según el análisis previo que hemos hecho nosotros (…) En el primero caso, es donde aparece el magistrado Jaime mencionado", declaró en aquella ocasión Meléndez.

El 19 de septiembre, Cáceres desvinculó a Jaime de la investigación, afirmando que el magistrado no tiene nada que ver con este caso. “Hace un tiempo una de las empresas de telecomunicaciones denunció a varias empresas chiquitas, en cuenta la del familiar del magistrado (José Belarmino) Jaime. El magistrado Jaime no tiene nada que ver en esto”, dijo. 

Asimismo, señaló que ha habido “una filtración de información” que la Fiscalía debe investigar, a lo que Peña no quiso precisar y se limitó a decir a que ella solo dijo que hay una investigación y que ha sido confirmada por el fiscal. 

Jaime ha salido a defenderse y ha dicho que Peña "ha quedado mal parada" ante estas declaraciones. Precisó que si bien él fue socio del Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones dejó de serlo hace cuatro años. Jaime también ha manifestado que la empresa “nunca ha sido notificada” por falta de pagos o insolvencias.

Asimismo, Eduardo Cáceres, directivo de G.C.A. Telecom -quien es hermano del ministro de Hacienda-, ha desmentido públicamente a Peña y ha asegurado que esa empresa no ha evadido impuestos, y pidió a la Fiscalía que indague esa “falacia” hecha por Peña.

El 12 de septiembre Peña brindó declaraciones en un programa televisivo, donde manifestó: "Hay suficiente documentación para hacer una investigación a fondo contra Jaime". Asimismo, agregó que el magistrado habría evadido $3.2 millones, y que podría llegar hasta $6.4 millones si se suman las multas por evasión. Ese mismo día el fiscal general también confirmó que había una investigación. Eso desató la guerra entre Peña y Jaime que aún no se detiene.