El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador la condenó a tres años de prisión por agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.

El Juez Especializado de Instrucción le retiró las medidas sustitutivas que tenía y será enviado a un centro penal bajo detención provisional.

Explicó que el proceso de la "tregua" o pacificación consistía en crear un acuerdo entre las tres pandillas partiendo de que el 90% de los muertos de 2011 y 2012 estaban relacionados con la lucha entre ellas.

Tras las amenazas recibidas, los transportistas optaron por guardar las unidades ante el temor de ser víctimas de los pandilleros.