La Fiscalía detalló que el sujeto amenazaba a la víctima con agredir a sus familiares si contaba de los abusos a los que era sometida.
De acuerdo con las autoridades, los hechos sucedieron el 22 de enero de 2018 en el municipio de San José Guayabal, de Cuscatlán. La víctima, de nombre clave “Azucena”, relató que los elementos de seguridad abusaron de su autoridad para llevársela en un vehículo.
Otro sujeto que es procesado por este mismo caso deberá presentarse a firmar cada 15 días al Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, entre otras restricciones.
La oficina fiscal de Soyapango presentó las pruebas necesarias para que el juez de dicho tribunal valorara de que eran suficientes para enviarlos a prisión, mientras continua el proceso judicial en su contra.
La representante de la FGR dijo que el caso continúa en investigaciones ya que tienen indicios de que podrían haber más alumnas víctimas.
Uno de los jueces de Sentencia de Cojutepeque validó las pruebas de cargo y lo sentenció a 12 años por las agresiones sexuales y dos años por las exhibiciones obscenas, en un concurso de delitos.
Bonilla dijo que en la elaboración del proceso han existido una serie de irregularidades como que legisladores que estuvieron involucrados en el pasado conflicto armado sean los encargados de aprobar la ley, porque eso los vuele juez y parte y el mismo presidente de la República, que es el encargado de sancionar le ley, fue parte del conflicto.
La imputada cometió los hechos entre los años 2012 a 2013, periodo en el que llevaba a la afectada hasta el centro comercial y la entregaba a “sus clientes”, quienes les pagaban $70 y $80 a cambio de los servicios sexuales.
El testimonio de las dos víctimas fue decisivo para que Mancía fuera puesto en prisión.
Tras el hecho varios corredores se solidarizaron con la mujer.
